Aunque el Presidente de la Comisión de Legislación del Congreso considera que solo la parte de seguridad y justicia debe ser abordada desde una reforma constitucional, el Presidente Otto Pérez Molina no apoya esa opinión. ¿Se impondrá el Ejecutivo sobre el Legislativo?
En su obra El estado de derecho, el recordado jurista guatemalteco Alberto Herrarte, explicó que el de la distribución del poder es el logro más importante que se le atribuye a la teoría del poder constituyente porque evita la concentración del poder en una sola persona, o grupo. Herrarte cita a Carl J. Friedrich y hace énfasis en que la división del poder es la base del gobierno civilizado. Se entiende, claro, que si los participantes en el ejercicio del poder están sujetos al arbitrio o a la voluntad de una sola persona o grupo de personas habría concentración del poder y que esa concentración obra contra el principio de la distribución del poder y contra el estado de derecho.
Dicho lo anterior no está de más recordar que, antes de las reformas que está tratando de imponer el Ejecutivo hay otras propuestas hechas -pacíficamente y sin abuso de poder- por grupos de ciudadanos. Estas merecen respeto y deben ser conocidas por el Congreso de acuerdo con el principio de que el primero en tiempo, es primero en derecho. Es una afrenta para el Estado de derecho, y contra el principio general enunciado antes, que el Congreso atienda la iniciativa que el Presidente está tratando de imponerle, antes de cumplir con el mandato expreso constitucional de ocuparse sin demora de las iniciativas presentadas con antelación por el pueblo soberano.
Además, cada una de las propuestas presentadas debe ser conocida y discutida en audiencias como se ha hecho con anterioridad. Los electores y los tributarios tenemos derecho a conocer y discutir aquellas propuestas y la del Presidente. Sobre todo por la forma en que el Mandatario está tratando de forzarlas.
