Veintisiete campesinos decapitados es el saldo más reciente de la guerra perdida contra las drogas, en Petén, Guatemala. ¿Dónde están los pronunciamientos de condena por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Dónde están las condenas vehementes de la Fundación Myrna Mack, de Madres Angustiadas, y de las docenas de ONG involucradas en temas de seguridad y de violaciones contra los derechos humanos?
Es un mito ese de que la guerra perdida contra las drogas acaba con la delincuencia y la violencia relacionadas con el narcotráfico. Lo cierto, sin embargo, es que la guerra contra las drogas genera violencia y que los muertos, en esta guerra ajena, los ponemos nosotros. Lo cierto es que Guatemala no tiene recursos para combatir la criminalidad, y que muchos de aquellos recursos escasos se van por el caño en esta guerra perdida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que como en toda guerra, las peores pérdidas se cuentan en términos de cádaveres. Y en este caso, en términos de cadáveres decapitados.
Por las experiencias de Colombia y México -y por la de Petén- ya tenemos una idea de qué es lo que nos espera en esta guerra. Y seguramente es tiempo de repensarla.
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Tengo entendido que la Procuraduría de los Derechos Humanos vela que el gobierno no viole los derechos de los particulares. Cuando es otro(s) particualr(es) que violan los derechos de otros ya no es competencia de esta organización, sino del MP y organismo judicial. Supongo que poreso no se pronuncian.
Ahora bien, de las otras organizaciones que mencionas no veo escusa.
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