En diciembre de 2007 entró en vigor la ley antiadopciones, patrocinada por UNICEF, “los países amigos” de Guatemala, una pléyade de ONG, numerosos periodistas y una extraña alianza de “compañeros de cama”.
La ley monopolizó y centralizó el proceso de adopciones. Sus promotores deliberadamente mintieron cuando decían que el antiguo proceso estaba sólo en manos de notarios sinvergüenzas a los que acusaban de comerciar con niños; e hicieron caso omiso de todas las adopciones que se hacían legalmente por medio de notarios decentes. Mintieron también cuando ocultaban que, incluso en las adopciones anómalas, estaban involucrados, ¡por ley!, la Procuraduría General de la Nación y el Organismo Judicial. La ley les trasladó el costo de las adopciones a los tributarios; a quienes sus promotores les mintieron diciéndoles que ahora serían gratuitas. La ley antiadopciones creó una burocracia todopoderosa en materia de adopciones y fabricó un cuello de botella. La ley y sus patrocinadores satanizaron las adopciones internacionales y condenó a muchos niños sin familia a continuar así indefinidamente. La ley y sus promotores condenaron a muchas mujeres a no tener más opción que el aborto frente a emabarazos no deseados.
Los que promovieron esta ley nefasta no deberían poder dormir durante las noches. Y ahora, resulta que Mary Landrieu, senadora estadounidense vendrá a averiguar que qué fregados pasa con 350 casos de familias compatriotas suyas, que están esperando la autorización guatemalteca en el proceso de sus adopciones.
