Apareció el peine: red de adopciones ilegales

El monopolio centralizado de las adopciones, que a modo de cuello de botella impide que miles de niños encuentre hogar, fue creado por medio de una ley antiadopciones que fue justificada con el argumento de que el sistema descentralizado anterior era dominado por mafias.

En aquel sistema descentralizado los notarios hacían los trámites de adopción, y estos eran aprobados por jueces y supervisados por la Procuraduría General de la Nación.  El énfasis de mafias fue puesto en el componente notarial y ¿convenientemente? el tema de los políticos y los funcionarios involucrados quedó en el olvido.

Yo, desde hace ratos, he preguntado que…si es cierto que había mafias que tramitaban adopciones ilegales mediante el robo de niños, la falsificación de documentos y otras actividades delictivas, ¿por qué es que las personas que firmaban aquellos documentos, y aprobaban aquellos trámites no son perseguidas por la ley ni están en prisión?  ¿Por qué es que en vez de perseguir a los delincuentes, los políticos dispusieron castigar a los niños?

La respuesta creo que empieza a hacerse evidente hoy: La fiscalía descubrió una red de adopciónes ilegales en la que participa el hermano de una diputada del partido oficial.  La noticia no lo dice, pero…la adopción fraudulenta que dio origen al descubrimiento, ¿la conocía el Consejo Nacional de Adopciones? ¿Por qué es que se supo hasta ahora? Si hay una red, ¿hay más? En esas otras redes, ¿participan funcionarios, o parientes de funcionarios? Esos parientes y funcionarios, ¿son sólo de la Unidad Nacional de la Esperanza, o los hay de otras administraciones y partidos?

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  1. Juan Pablo Gramajo

    Es algo así como que desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública lo que menos hay es acceso a la información pública, pues se dieron herramientas a los burócratas para “con fundamento legal” obstaculizar el ejercicio de este derecho ciudadano.

    En lo personal, desde hace ratos vengo pensando que los temas de adopciones y acceso a la información pública en Guatemala serían perfectos casos de estudio de cómo las buenas intenciones del orden deliberado impuesto con frecuencia no solucionan los problemas y deficiencias de un orden más flexible (aunque siempre dentro de normas generales) y que, incluso, a veces hasta los empeora… hasta deberíamos organizar un seminario sobre esto, jeje