A un costo de unos $1.5 millones anuales, el Ministerio de Educación de Guatemala está plagado de plazas para fantasmas (porque las plazas si existen, pero los que cobran son fantasmas). La ministra Molina, le solicitó a la Contraloría General de Cuentas que investigue la nómina de trabajadores de esa cartera, luego de haber detectado la existencia de 311 puestos de trabajo activos, a pesar de que los empleados habían sido dados de baja.
Yo digo que, tomando en cuenta las cosas que pasan en otros ramos de la administración, esto es sólo la punta del iceberg. ¿Qué no estará pasando en otros ministerios y en los otros organismos del estado? ¿Qué sivergüenzadas parecidas no estarán pasando en las entidades descentralizadas autónomas y semiautónomas?
Y todo esto, ¡por supuesto!, es a costa de los tributarios. Por eso es que es inadmisible hablar de elevar impuestos, sin que antes la administración compruebe -por tiempo sostenido- que ha eliminado totalmente la corrupción, el desperdicio y la mala administración del dinero que toma de los tributarios por la fuerza.