El Congreso aprobó legislación para la simplificación de requisitos y trámites administrativos es un paso positivo para reducirles la carga de la arbitrariedad y de la burocracia a aquellas personas que directa, o indirectamente tienen que lidiar con oficinas y empleados del gobierno…o sea…a casi todos.
¡Adiós a los Q25 que cobra el Registro Mercantil cada vez que rechazan un trámite por “idioteces”!, expresó un futuro abogado. Tiene parámetros claros para el manejo de documentos extranjeros, dijo un cuate extranjero que hace uso de ese tipo de documentos. Ojalá se extendiera más allá del Organismo Ejecutivo, comentó un lector. Y así ha de haber miles de pequeñas y grandes molestias que entrampan y encarecen la eficiencia y la productividad.
Según la propaganda del gobierno, la nueva legislación aborda el derecho a la información del estado del trámite, elimina trámites innecesarios, prohibe la solicitud de documentos generados o emitidos por la misma entidad, valida la firma física y electrónica, fomenta modalidades electrónicas de pago, impulsa el gobierno electrónico y pone a disposición un portal electrónico.
¡Kudos! por eso; pero está por verse cómo lo toman los empleados y funcionarios adictos al criterio de ventanilla en el día a día. El “criterio de ventanilla” es el poder que tiene cualquier burócrata de hacerte la vida de “cuadritos” ya sea porque se le pega la gana, o porque quiere extorsionarte, o porque puede, ha explicado María Dolores Arias, que añadió que hacer un trámite en una oficina de gobierno puede ser tan fácil, o tan difícil como el poder que posee el burócrata en la ventanilla de servicio. Es decir, la facilidad del trámite en la oficina gubernamental es inversamente proporcional al poder discrecional del burócrata de turno.
El caso es que, aunque la legislación que celebramos es un paso positivo, la administración pública (que es el sector coercitivo de la economía) no tiene ni el marco normativo adecuado, ni el marco cultural necesario que garantice (o ni siquiera fomente) criterios de objetividad e imparcialidad de parte de los empleados y funcionarios de la burocracia. De tal manera que los tributarios no podemos defendernos frente a actos caprichosos o abusivos.
Esta legislación recién aprobada se une a la Ley de leasing que era tan necesaria; pero hay que seguir avanzando, no sólo en la dirección que señala el párrafo anterior, sino en legislaciones como la de zonas francas, la de infraestructura vial, la del acceso a la vivienda y reactivación del turismo (que arrastran consigo el pecado original de los privilegios y que por lo tanto deben ser repensadas) y la del trabajo a tiempo parcial (cuya ausencia deviene en desempleo para miles de personas).
