Me adhiero ciento por ciento al pronunciamiento publicado hoy, por la Asociación de Amigos del País en el contexto de las acciones del Ministerio Público y de la moribunda Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en el caso conocido con el mote de Caja de Pandora. Es evidente que acciones que podrían servir a la justicia son usadas por la CICIG y el MP con propósitos políticos y de venganza.
La CICIG y el MP ponen en riesgo garantías como la del debido proceso.
Si ha habido comisión de delitos, ¡estos deben ser investigados! Pero la cuestión es: ¿dos días antes de los comicios? Acciones así contrastan muy evidentemente con la protección que ha recibido la candidata consentida de la CICIG, Sandra Torres, que fue denunciada, convenientemente, un día después de que se hiciera acreedora al privilegio del antejuicio. Contrastan con la impunidad descarada para la Codeca y el MLP. Contrasta con el puente de plata tendido a Thelma Aldana, que supo un día antes que tenía que ponerse las de Villadiego. Contrasta con las consideraciones extremas para Alberto Fuentes Knight y Alvaro Colom. ¿No te parece evidente la selectividad?
Por lo tanto es preocupante el uso de la ley y de la función judicial para cometer actos con evidentes motivaciones políticas; es lamentable que acciones así pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho al debido proceso y daños institucionales; es preocupante el aprovechamiento de las elecciones para priorizar objetivos políticos que huelen a desquite. La CICIG, ¿quiere probar que todavía puede influir en los resultados de los comicios?
Guatemala y los derechos fundamentales están bajo ataque con el pretexto de la lucha contra la corrupción y con el disfraz de la búsqueda de la justicia. ¿no te has dado cuenta aún?
