Han pasado dos meses desde que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala eximiera a una familia de inmigrantes rusos de todos los cargos criminales relacionados con el uso de documentos emitidos ilegalmente. La exoneración de Igor Bitkov, su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, por parte de la Corte fue ampliamente difundida, incluso en el Wall Street Journal. Sin embargo, los Bitkov todavía no están libres; y eso es porque la misma corte ahora dice que Igor Bitkov tiene que ser enjuiciado nuevamente por cargos relacionados. Los casos de Irina y Anastasia permanecen en el limbo. Los tres están fuera de la cárcel pero confinados a la ciudad de Guatemala, así comienza su columna, de hoy, Mary Anastasia O´Grady, autora de The Americas y miembro del consejo editorial de aquel diario.
Otra vez el cuestionable sistema de justicia chapín -tutelado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas- está en la picota. Según O´Grady, y estoy de acuerdo con ella, la historia de los Bitkovs merece ser difundida aún más en la prensa estadounidense porque su persecución continúa a manos de una agencia de las Naciones Unidas -la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG- que está financiada por los EE. UU. y opera impunemente.
En el artículo titulado Guatemala, Russia and the Bitkovs, la autora enlaza la persecusión de las víctimas, los Bitkov, con agentes de Vladimir Putin, los bancos estatales rusos VTB y Gazprombank, los abogados guatemaltecos Carrillo, Comte y Font, la CICIG y la ONU, con Iván Velásquez, Ericka Aifán y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como con la Comisión Helsinki, del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Senador Marco Rubio. Es una historia compleja de política y violaciones al debido proceso y al estado de derecho que te recomiendo que leas.
Los partidarios de CICIG dicen que ha hecho algo bueno. En el “caso de migración”, ha capturado peces pequeños en un círculo criminal dentro de las oficinas gubernamentales. Pero nunca ha atrapado al pez grande. E incluso si lo hubiera hecho, eso no es carta blanca para burlar la ley. Decenas de guatemaltecos están languideciendo en la cárcel sin juicios bajo las investigaciones de la CICIG, advierte O´Grady, y añade: Algunos en Washington lo entienden. Un alto asistente del Congreso me dijo que el “Departamento de Estado está muy dividido respecto a la CICIG”, y que los funcionarios designados por Trump argumentan que la “retención” solicitada por el senador de Florida, Marco Rubio, sobre $ 6 millones de fondos de la CICIG se utilizará para “apalancar la reforma de un de la agencia de control”. El asistente agregó: “Aún así, un grupo de diplomáticos de carrera está luchando para negar completamente toda evidencia de complicidad de la CICIG en la gran injusticia contra los Bitkov, así como su politización y pérdida de credibilidad en Guatemala”.