Legislación peligrosa, la de terrorismo cibernético

La legislación que pretende castigar con entre 10 y 15 años de prisión a quienes usen los medios de comunicación, informática, teconologías de información, electrónica o similiar, con el objeto de infundir temor, causar alarma, intimidar, o violar la voluntad de las personas, con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y/o cualquiera otro, es una normativa peligrosa.

Parece obvio que aterrorizar a la gente por medio de tuits, o de recursos parecidos, con propósitos relacionados con el uso, o el abuso del poder, debería ser punible; pero, ¿hasta dónde es que una regulación como aquella es violatoria de la libertad de expresión?

La libertad de expresión no sólo es una garantía constitucional protegida por el artículo 35 de la carta magna chapina, o sólo una protegida por el artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos.  La libertad de expresión es una manifestación del derecho de libertad, y ya sabes, la libertad de expresión:

  1. Es necesaria para la búsqueda de la verdad.
  2. Es necesaria para la realización del ser humano como ser racional.
  3. Es un contralor de la actividad social y estatal.
  4. Permite verificar el respeto a los derechos individuales.

Para desgracia de nuestra sociedad -y de Occidente- existe una tendencia creciente a castigar a las personas por lo que dicen y hasta por lo que piensan.  Entre nosotros, por ejemplo, hay grupos influyentes y hasta poderosos que consideran que las personas no tienen derecho a cuestionar si los impuestos deberían ser usados, o no, para privilegiar a ciertos grupos sociales; y hay grupos influyentes y hasta poderosos que sólo admiten que las cuestiones de sexo sean discutidas desde sus particulares puntos de vista.  Ha habido iniciativas que buscan anular toda expresión que contradiga sus perspectivas.  Hay grupos parapoliciales que quieren dictar de qué se puede hablar, y de qué no; y en qué términos. El caso es que la libertad de expresión está bajo ataque en busca de una historia única, o en busca de proteger intereses privilegiados.  De ahí que, a ratos, pareciera que debería ser delito el no asentir cuando ciertos grupos quieren imponer sus particulares ideas.

Una legislación como la que da origen a estas meditaciones se parece mucho a la normativa de pánico financiero porque -si bien es cierto que nadie quiere una corrida bancaria a causa de rumores- la verdad es que aquella ley impide que muchas personas opinen, y compartan sus experiencias sobre los servicios que prestan los bancos y otras organizaciones financieras.  Normas como esa y la que nos ocupan, inhiben la libertad de expresión porque las personas temen verse procesadas por expresar lo que piensan, o lo que experimentaron.

Allá por la avenida Bolivar hay una pinta violenta y disparatada  (que yo sospecho que es del 20 de octubre pasado, pero podría estar equivocado);  y esa pinta dice: El único Congreso que ilumina es el Congreso que arde. Puesta donde está, esa opinión no tiene consecuencias jurídicas; pero, en el momento oportuno, contra las persona oportuna, un tuit con ese mensaje podría ser la causa de una captura, de un proceso judicial y de 10, ó 15 años de cárcel.

Normativas como la del terrorismo cibernético (como está redactada la propuesta) pueden ser herramientas para la represión y para la instauración de un pensamiento único.  Por eso recomiendo que si algo ha de ser punible, sean los daños comprobables causados por una acción identificable y tipificable; pero que por nada del mundo permitamos que prospere la idea de que las personas deberían ser castigadas por pensar, o por expresar sus pensamientos, u opiniones (por ofensivas, o disparatadas que sean).  Vamos en mal camino si las opiniones  económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y/o cualquiera otras que nos asustan, fueran causas de persecusión penal.

Por las cuatro razones enumeradas arriba, la libertad de expresión (como derecho que es) debe ser defendida no sólo frente a intereses legítimos como el orden, sino frente a intereses espurios, como el del control político, o el del establecimiento de una historia única. Es inadmisible que la libertad de expresión sea sometida a nuestra aversión a ser ofendidos, a nuestra incapacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, o a la promoción de lo políticamente correcto porque ya lo dijo Benjamin Franklin: Aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos.

Dicho lo anterior, una ley que tipifique como delitos los bloqueos de vías públicas, los atentados contra el transporte y otras prácticas criminales que causen pérdidas de vidas, o de productos, es bienvenida.

La ilustración la tomé de aquí.

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