A ver…¿qué clase de autoridad moral (o falta de autoridad moral) tiene el sector público para exigirles a las personas que cumplan con la legislación? ¿Cómo puede imponerles obligaciones, a las personas, que sus políticos y funcionarios no están dispuestos a cumplir ellos mismos?
En esto pensé cuando leí que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene un estimado de Q20 mil 900 millones sin cobrar, entre lo adeudado por el gobierno, las municipalidades y el sector privado.
El sector privado son docenas si no centenares de personas individuales, o jurídicas que no son una unidad. En cambio, el gobierno sí lo es. Tome en cuenta, también, que una de las justificaciones más aceptadas para tener gobierno, es que supuestamente es el encargado de hacer cumplir las normas que él mismo decreta…no sólo para los demás, sino para él mismo. Entonces…si de aquellos Q20 mil 900 millones, el gobierno no ha cumplido con pagar cerca de Q19 mil millones, ¿qué te dice eso acerca de la supuesta autoridad moral del gobierno y los políticos y funcionarios que lo controlan? A eso súmale que las municipalidades (que también son parte del sector público), no han cumplido con su obligación de pagar cerca Q410.6 millones.
Si ellos no cumplen con las obligaciones que ellos mismos se imponen…¿qué autoridad moral tienen para tomar dinero ajeno y repartirlo políticamente -o robárselo- como ha ocurrido en el IGSS?
