Rafael Espadita Espada quiere la plata que eventualmente sería pagada como resarcimiento por los experimentos con enfermedades venéreas que se realizaron, en guatemaltecos, durante el gobierno revolucionario de Juan José Arévalo.
Espadita , vicepresidente de la administración socialdemócrata, anunció que la indemnización se la quedará el Estado y que esta será usada para crear un instituto sobre ética e investigación. ¡Hágame usted el favor! Dicha pretensión es ilegítima y raya en la sinvergüenzada porque los experimentos no fueron en el Estado, sino en personas individuales con nombres, caras y familias. En un acto de alarde típicamente colectivista las víctimas serán ignoradas, y los pipoldermos no le darán el dinero a las víctimas, sino que se lo quedarán ellos para que siga creciendo la piñata.
Por eso es que ahora, el Vicepresidente, ha puesto el grito en el cielo porque abogados particulares están ayudando a las víctimas individules a obtener indemnizaciones. Dichas acciones -por demás legítimas y legales- podrían estropear las posibilidades de que los políticos en el poder se queden con ese dinero.
Seguramente los abogados quieren su comisión; pero aunque eso sea cierto, es infinitamente mejor que el dinero llegue a las víctimas directas y no que se quede por ahí perdido en manos de burócratas y políticos que lo aprovecharán para quién sabe qué.
La indemnización, si se consigue, debe ser para las víctimas y no para Espadita, su supuesto Instituto y sus burócratas.