El expresidente taiwanés Chen Shui-bian y su esposa -luego de un proceso judicial que duró 18 meses y en una sentencia que tiene 1000 páginas- fueron hallados culpables de corrupción, blanqueo de dinero y de falsificación de documentos. Y ambos fueron condenados a cadena perpetua.
¡Por supuesto que Chen alega que lo suyo es motivado politicamente!, criterio que comparten algunos políticos locales que están viendo cortar las barbas del vecino; pero lo cierto es que hubo un proceso judicial con todas las de la ley (y de acuerdo con el derecho), en una sociedad y un país en los cuales la institucionalidad tiene tradición.
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En todo el mundo es menos usual de lo que debería el hecho de que un exgobernante sea debidamente investigado y enviado a prisión si se le encuentra culpable de actos delictivos. Más usual es que -si hubiera investigación alguna- la motivación política se manifieste en algún tipo de acuerdo, pacto o negociación.
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Como soy optimista, pienso que en Guatemala estamos avanzando en esa dirección porque, con todo y la lentitud del proceso (como 4 años, en vez de 18 meses), el expresidente Alfonso Portillo atravisesa por un proceso judicial que es estupendamente similar. Y seguramente que nos vamos aproximando a una forma de sociedad mejor, si la posibilidad de investigar y procesar a exgobernantes sospechosos de corrupción se va haciendo tangible.
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En ese sentido la condena de Chen es ejemplar y debe ser observada de cerca; sobre todo porque Guatemala y Taiwán son naciones hermanas y aprovechando que la institucionalidad en Formosa es un paradigma que muchos admiramos, incluso aquellos que tienen más simpatías por el régimen de Pekin, que por la República de China.
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Claro que el de Chen no es el único caso de este tipo; pero el monto de la condena sí ha abierto nuevos horizontes. Alberto Fujimori, por ejemplo, fue condenado por corrupción, pero sólo a 7 años; en la República Domicana, Salvador Blanco fue condenado a 20 años de prisión pero luego fue liberado; en Bolivia, Luis García fue condenado a 200 años y todavía está preso; en Argentina, Rafael Videla también se halla en prisión, en tanto que Carlos Menem enfrenta juicios; y en Venezuela, Carlos Andrés Pérez cumplió dos años de cárcel, en su casa.
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Luego de la condena ejemplar de Chen y luego de los antecedentes citados -y luego del antecedente de Portillo- los políticos chapines están advertidos en cuanto a que existe la posibilidad real de que sus actos de corrupción y de abusos del poder los lleven directamente a una celda. Y eso sin duda ha de desestabilizarlos y ponerlos nerviosos.
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Que no nos extrañe, pues, que inicien movimientos para tratar de asegurar que sus acciones ilegales queden impunes.
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La foto la tomé durante la visita de Chen a Guatemala en 2005.
