Es muy dañino para cultivar la confianza en las instituciones, para la credibilidad del proceso electoral, para la fundación de un estado de derecho y para la construcción de una república eso que hacen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el registrador de ciudadanos en cuanto a aplicar la Constitución, las leyes y reglamentos de forma arbitraria -para unos, Si; y para otros, No.
La foto la tomé de aqui https://bit.ly/41TM9hK
Es evidente que aquellos funcionarios actúan de forma errática e irresponsable y con ello han generado el peor y más incierto ambiente electoral que he visto en toda mi vida. Las alcaldadas de aquellos magistrados y del registrador, ¿tienen alguna explicación racional? ¿A quién sirve tanta zozobra? Es cierto que la legislación electoral es una colección de parches y que, en su momento, fue fabricada para favorecer intereses políticos; pero eso no explica la deshonestidad con la que parece que están actuando los miembros del tribunal supremo y el registrador. ¿Qué tanto es lawfare?
¿Quién, por ejemplo, autoriza la inscripción de candidaturas que no llenan los requisitos legales? ¿No hay quién se dé cuenta de las anomalías a tiempo? ¿Por qué?
¿A quién le corresponde investigar cuál es el origen de las autorizaciones irregulares? Estoy convencido de que tanto los magistrados como el registrador deben responder -incluso penalmente, si es necesario- por las resoluciones en las que han incumplido deberes y han pasado por alto requisitos legales para favorecer aspirantes cuyas candidaturas se vuelven vulnerables en los tribunales.
Luego está la cuestión de si el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo supremo, o si se ha convertido nada más que en una ventanilla de trámites.
