Por medio de un largo proceso de prueba y error, el derecho penal evolucionó desde el misticismo y las ordalías hacia formas de administración de justicia con bases morales y cívicas.
Justicia, por Maerten van Heemskerck, dominio público, via Wikimedia Commons.
Las garantías procesales son parte de aquel proceso. ¿Ejemplos? El principio de que nadie debe ser condenado sin haber sido escuchado y vencido en juicio de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley (como imperativo categórico) y no de acuerdo con la legislación, y menos con la política (como imperativo hipotético). Y, claro, la presunción de inocencia.
La administración de justicia chapina nunca se ha distinguido por su apego a aquellos principios; pero durante el mandato de la CICIG la sumisión de aquellos a las necesidades políticas fue elevada a nivel macabro. Una vez alguien era señalado en espectaculares conferencias de prensa, esa persona caía en manos de los fiscales de la Comisión, para luego caer en manos de los jueces de la Comisión (con coberturas mediáticas abundantes), y esa persona estaba perdida. Hubo inocentes que pasaron años en “prisión provisional” (figura que no existe legalmente; pero que fue aplicada sin sonrojo), hubo quienes murieron prematuramente en medio de la persecución y hasta hubo suicidios en aquel contexto.
Hubo un tiempo vergonzoso, en Guatemala, en el que juristas, políticos, periodistas, religiosos, oenegeros y otros sostuvieron que las garantías procesales eran meros formalismos cuando se trataba con personas señaladas por la CICIG; porque los propósitos de la Comisión (luchar contra la corrupción…o cambiar Guatemala sin necesidad de ganar elecciones) eran objetivos más elevados que respetar la dignidad de las personas, como las de los doctores Oliva y Castañeda, por ejemplo.
La práctica de atacar oponentes mediante el uso indebido de procedimientos legales para dar apariencia de legalidad, conocida como lawfare; es decir, la práctica de no respetar las garantías procesales para los adversarios es una que tanto tirios y troyanos deberían entender como incivilizadas. El lawfare es el viejo derecho penal del enemigo, que es un derecho penal sin garantías porque sirve a un bien mayor político. ¿Vamos en camino de dejar atrás ese legado de la CICIG y proceder a buscar la verdad y hacer justicia en todos los casos, todos?
Columna publicada en elPeriódico.
