El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas”…dice El amigo de la Patria el 27 de febrero de 182…y ese era el periódico que publicaba José del Valle. ¿qué hemos aprendido, 200 años después de aquella observación? Quizás poco, o nada.
Ejemplar de “El amigo de la patria”, de la Biblioteca Ludwig von Mises.
Mmm, voy a corregir el final del párrafo anterior. Porque lo cierto es que los miembros de numerosos grupos de interés si entienden lo delicado que es el nombramiento de jueces. También es cierto que lo peor de la clase política también entiende lo delicado que es el establecimiento de jueces. Da la impresión de que quienes no lo han entendido son los tributarios y electores de a pie, cuyas vidas son directa, e indirectamente afectadas por la calidad de jueces y magistrados que son electos por los políticos a quienes les han dado sus votos. Da la impresión de que tampoco lo han entendido los tributarios y electores en las élites, que parecen ser incapaces de organizarse para rescatar la república.
En 1982 la International Bar Association aprobó un documento de estándares mínimos para la independencia judicial y dice que la independencia judicial sustantiva significa que, en el desempeño de su función judicial, un juez no está sujeto a nada más que a la ley y a los mandamientos de su conciencia.
¿Cómo es posible ese tipo de independencia si los jueces y magistrados responden a patrocinadores muchas veces oscuros y a veces hasta criminales? ¿Cómo es posible ese tipo de independencia si la legislación es un instrumento para que los más variados grupos de interés impongan sus intereses e ideologías sobre los derechos individuales?
Es un error que olvidemos algo que advirtió F.A. Hayek en 1955: La política, en el sentido específico que constituye un contraste con la legislación, consiste en la tares de ajustar los medios de que dispone el gobierno –pero sólo los medios de que dispone– a las necesidades, que cambian con el transcurso del tiempo. En una sociedad libre, el ciudadano privado y su propiedad no están a disposición del gobierno.
Columna publicada en elPeriódico.
