Una resolución del Tribunal de Sentencia Penal de Sololá, les prohibió a cuatro vecinos de ese departamento criticar al Concejo de San Pedro La Laguna en medios de comunicación, luego de que aquellos presentaran una denuncia por supuesta sobrevaloración en obra pública. Esa resolución es violatoria de la libertad de expresión y podría ser prevaricato.
El artículo 35 de la Constitución es clarísimo en cuanto a que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley, o disposición gubernamental alguna; y es clarísimo en cuanto a que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Además, de acuerdo con el Código Penal, comete el delito de prevaricato el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley.
La libertad de expresión está bajo ataque desde distintos flancos: Desde la corrección política, por ejemplo, y ahora desde el pretendido gobierno de los jueces. Este fenómeno indeseable -que es el gobierno de los jueces- fue identificado por primera vez en 1921 por Edouard Lambert y es un sistema de revisión judicial verdaderamente sin restricciones, que no pudiera ser limitado ni siquiera por medio de una enmienda constitucional. El gobierno de los jueces no debe ser confundido con el control jurisdiccional que es, este último, un componente del estado de derecho.
A los jueces como el que emitió la resolución violatoria de la libertad de expresión, en Sololá, les viene como anillo al dedo ese neoconstitucionalismo que, con el pretexto de superar al constitucionalismo liberal clásico, cuyo eje es limitar el poder de los gobernantes y proteger a los mandantes todos por igual, les atribuye a los jueces (y a otros funcionarios) facultades novedosas. Dichas facultades no sólo consisten en dispensar favores a grupos de interés específicos, con criterios políticos; sino que hacen posible que jueces (y a otros funcionarios) sacrifiquen los derechos individuales, no sólo en favor de intereses colectivos, sino en favor del ejercicio del poder; ejercido este no sólo en supuesto beneficio de la gobernabilidad, sino en abierto beneficio del abuso del poder.
Te has preguntado, ¿cuál es tu opinión sobre la libertad de expresión?
La ilustración la tomé de Facebook.
