“Las armas deben estar en manos de las autoridades, y no de civiles”, dijo el presidente guatemalteco Oscar Berger. El mandatario tuvo el tupé de asegurar que los organos de seguridad del estado pueden garantizarles plena seguridad a las personas; y que los civiles con recursos deberían pagar por aquella seguridad, como pagan seguridad particular.
¡Como no, Chon! La gente que puede, paga seguridad privada porque el estado de Guatemala es incapaz, totalmente incapaz, de garantizar un mínimo de seguridad ciudadana. Berger, como siempre, hace gala de…¿de qué? ¡Por Dios! ¿Y los que no podemos? Estamos a merced de los delincuentes, de los policías que son sus cómplices y de la ineptitud del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, o de la del sistema carcelario. No joda, Presidente. Los impuestos que nos quitan deberían de servir para esa seguridad que usted no sabe que su administración fue incapaz de proveer. Deberían servir para eso, y no para piñatizarlos, no para servir a grupos de interés que viven del presupuesto del estado.
Por otro lado, hay dos razones muy de peso para que los civiles podamos tener y portar armas, sin tener que depender del estado:
La primera es que con ello se evita la concentración del poder; y, si fuera necesario, nos permite a los tributarios y electores defendernos de los eventuales abusos de poder que podría cometer un estado que tuviera el monopolio absoluto de las armas. ¡Que conveniente sería, para una tiranía, que los civiles no estuvieran armados!
La segunda es que, créalo o no el Señor Presidente, los delincuentes no le van a hacer caso y ni van a entregar sus armas, ni van a legalizarlas. ¿En qué cabeza cabe que los criminales van a rendir sus armas cuando la ley se los requiera? Talvez esto le sorprenda, don Oscar; pero los delincuentes generalmente utilizan armas ilegales.
En todo caso, recuerde que los delincuentes prefieren víctimas desarmadas.
