Afortunadamente, la gente está saliendo y debe seguir [saliendo a manifestar] para hacer un cambio definitivo en el sistema que mantiene esta clase política totalmente agotada, dijo el constitucionalista Jorge Mario García Laguardia al referirse a las manifestaciones pacíficas que se celebran en Guatemala desde el 25 de abril pasado.
El exmagistrado de la Corte de Constitucional reconoció la importancia de las manifestaciones para empujar el proceso que se vive en Guatemala. Personalmente sostengo, como ya lo sospechan los lectores frecuentes de este espacio, que sin esas manifestaciones todo hubiera quedado en pactos políticos secretos y costosos para los guatemaltecos.
En la entrevista citada, García Laguardia hizo otras observaciones que vale la pena destacar:
En cuanto a reformas a la Constitución yo estoy en contra, la Constitución es buena, es una de las mejores de América Latina, lo que pasa es que no se ha cumplido ni desarrollado. Mientras no se cumpla y no se desarrolle, ¿por qué la vamos a cambiar? Por supuesto que hay algunas cosas que habría que ajustar y hacer unos pequeños cambios, pero con la deplorable clase política que tendría que hacer esas reformas, esto sería un riesgo totalmente terrible, dijo.
Con respecto a la posibilidad de suspender las elecciones de septiembre próximo, explicó que cumpliendo con la ley, es imposible. La ley ya establece las fechas y ya está planteado. Lo que pasa es que muchos ciudadanos no tenemos candidatos, hemos llegado a ese límite, que la misma clase política ha provocado.
Muy oportunas las observaciones del jurista porque el 22 de mayo pasado un grupo de organizaciones que se denomina Convergencia por los derechos humanos -con un lenguaje muy particular- publicó un documento en el que pide:
1. La renuncia del presidente Otto Pérez Molina, con lo cual uno no puede sino estar de acuerdo; pero pide, además, la del recién electo vicepresidente Alejandro Maldonado. Nunca he sido fan de Maldonado; pero tampoco creo que los grupos de interés no deben tener la facultad de impugnar ese tipo de selecciones sólo porque no les gustan los resultados y hasta que quede un candidato a la medida de sus exigencias políticas particulares. Por el record de los firmantes del documento, sospecho que la dirigencia de la mayoría de esas organizaciones no quedaría contenta hasta que fuera electo alguien vinculado con la exguerrilla.
2. La reforma del proceso electoral y de partidos políticos, con lo cual uno no puede sino estar de acuerdo, con el caveat de que tal reforma se aplicaría hasta las elecciones de 2019 y no tendría efecto en los comicios que vienen. Pero las agrupaciones también piden la suspensión del proceso electoral, lo cual, como dice García Laguardia, es ilegal. Tal movida implicaría un rompimiento del orden constitucional y legal que haría de una crisis razonablemente complicada un río revuelto de consecuencias insospechadas. Algunos comentaristas de moda se refieren con sarcasmo al sagrado orden constitucional en lo que sospecho que es un intento por desvirtuar el contenido del estado de derecho y facilitar procesos de descomposición como los que se han vivido en Venezuela, por ejemplo.
3. La convocatoria a una asamblea nacional constituyente con el propósito de rescatar las reformas constitucionales pactadas con la guerrilla, a los que los guatemaltecos ya les dijimos No, en 1999. ¿Qué pretenden aquellos grupos? Necear con aquellas reformas hasta que consigan un resultado que favorezca sus intereses? Como sus compas en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, las organizaciones de Convergencia por los derechos humanos quieren usar procedimientos democráticos para acabar con las simientes de un sistema republicano y establecer regímenes a su medida.
Por cierto, entre los patrocinadores de Convergencia está la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. ¿Que piensan de eso las personas que financian a la jerarquía católica y, con ello, a aquella oficina?
