A lo largo de los últimos 15 años, poco más, o menos, los chapines hemos vivido una pronunciada degeneración de las instituciones del estado. Hay muchos factores que explican ese fenómeno; pero el que nos ocupa hoy es uno de los principales: la avidez de facultades arbitrarias por parte de quienes ejercen la función pública. La avidez de poder, podría decir alguien, o el desprecio absoluto por el artículo 152 de la Constitución, que dice que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio.
Más recientemente aquella avidez y desprecio han medrado en un ambiente local en el que quienes ejercen el poder público han encontrado poca resistencia de parte de los electores y tributarios -que siguen confiando en ellos- y en un ambiente internacional en el que gobernantes como Maduro, Ortega, Kirchner, Morales y Correa han extendido la amplitud y la profundidad de sus mandatos casi a su antojo -contra la ley, o usando la ley- y con éxito.
En medio de aquel estado de cosas, aquí en Guatemala hay una institución que se ha resistido a la degeneración; y esta institución es el Tribunal Supremo Electoral. El TSE y sus integrantes han resistido los embates de políticos ambiciosos e inescrupulosos. Personajes que saben que el Tribunal es uno de los últimos bastiones de decencia dentro de la administración pública. Y, como se vió recientemente en Honduras, un tribunal electoral independiente, moralmente solvente y fortalecido, es un pilar imprescindible para la conservación de la república.
Por eso es muy alarmante la advertencia que acaba de hacer María Eugenia Villagrán, presidenta del TSE: Me preocupa que esta reforma, lejos de fortalecer, esté debilitando la autonomía y la supremacía del Tribunal. Con estas palabras se expresó con respecto a las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que el Congreso ya aprobó en tercera lectura.
Al parecer los políticos han diseñado una reforma a su medida, destinada neutralizar al Tribunal y a fortalecerse ellos mismos. Y eso debería ponernos los pelos de punta.
