El Senado de los Estados Unidos de América aprobó la mayor reforma migratoria desde 1986. La misma abre la vía para la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada. Aunque, para entrar en vigencia, la reforma requiere que la Cámara de Representantes la apruebe, y en ella la oposición republicana es mayoritaria, el voto de hoy en el Senado aumenta enormemente la presión a favor de un acuerdo.
Este es el artículo que, al respecto, escbirí para la revista Mundo Comercial (año 17, No. 149) que será publicada en unos días:
Ningún ser humano, y ningún grupo humano, debería sentirse moralmente obligado a aceptar la incorporación de personas (a sus vidas) con las que no desea tener relaciones. Y ningún ser humano, así como ningún grupo humano, debería creer que tiene la facultad de exigirles a otros que establezcan relaciones con él. En sociedad, sobre todo, las relaciones deben ser voluntarias, pacíficas, contractuales; y en una sociedad libre la entrada y salida debería de ser libre –limitada únicamente por razones delictivas con carácter de cosa juzgada–.
Dicho lo anterior, las sociedades cerradas (aunque no necesariamente endogámicas) se pierden de todas las ventajas económicas, genéticas y culturales que tiene la diversidad. Y aun así, tan mala idea puede ser cerrar las fronteras e impedir que entren los que no son como uno; como esperar que otros lo reciban a uno con los brazos abiertos, sobre todo cuando uno ha entrado violando la ley.
Los Estados Unidos de América tiene un problema grave de inmigración ilegal, en gran parte porque sus vecinos del Sur insisten en practicar malas políticas económicas, y en parte porque los mismísimos EE.UU. no terminan de entender que para el desarrollo es mejor trade, not aid. Para dimensionar el problema, se estima que uno de cada 20 trabajadores en los EE.UU. es ilegal.
Si aquel país quiere reducir la inmigración ilegal, la forma más racional y efectiva de conseguirlo es mediante una reforma integral que incluya un programa amplio de acomodo para trabajadores temporales. La mayor parte de trabajadores que llegan ilegalmente a aquel país sólo quieren trabajar, ganar dinero y regresar a sus hogares; pero como el costo de llegar allá es muy elevado (en dinero y en vidas), tienen que quedarse allá la mayor cantidad de tiempo posible y hasta establecerse innecesariamente. El actual sistema incentiva la permanencia de los inmigrantes ilegales, genera mucha frustración y les cuesta caro a los tributarios. La disciplina que se llama Análisis económico del derecho nos enseña que cualquier reforma migratoria con pretensiones de ser exitosa debe ser comprehensiva y debe reflejar las realidades fundamentales del mercado laboral y de la economía.
Por otro lado, los gobiernos del Sur –que demandan una reforma laboral para sus ciudadanos– están moralmente obligados a ser consistentes y dejar de tratar a los inmigrantes de otros países como a ellos no les gusta que se trate a sus ciudadanos en México y en los EE.UU. Las autoridades de Guatemala, por ejemplo, tratan muy mal a los centroamericanos, ecuatorianos, chinos y otros extranjeros que van en busca de mejores vidas en su territorio, o en el Norte.
