A Guatemala la dejó el tren en 1821 cuando los miembros del establishment fundaron una república para trasladarse a sí mismos los privilegios que tenía la corona española. La dejó el tren cuando en 1871 los liberales constructivistas hicieron una revolución en buena parte para repartirse lo que le quitaron a los conservadores. La dejó el tren cuando en 1944 la revolución fue asaltada por un nuevo establishment cargado de ideologías. La dejó en 1954 cuando en vez de un viraje de 180 grados el país sólo cambió de manos.
Así puede seguir la lista pasando por 1963, 1982, y otras fechas clave. Y ahora…a Guatemala la va a volver a dejar el tren si es cierto que lo que dicen los diputados Aníbal García (independiente) y Rosa María de Frade (de la Bancada Guatemala) en el sentido de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dictaminará desfavorablemente a la propuesta de reforma a la Constitución del grupo Pro Reforma.
Los guatemaltecos tenemos la oportunidad de acabar de una vez por todas con los privilegios; y tenemos la oportunidad de fundar un sistema que garantice el respeto a los derechos individuales. Tenemos la oportunidad de fundar un sistema basado en leyes, pero se nos puede ir ese tren.
Es antidemocrático que 17 diputados de una comisión dictaminen negativamente contra una iniciativa que viene de más de 70,000 ciudadanos. Un grupito de diputados no puede, ni debe, interponerse entre ProReforma que es una propuesta e iniciativa cuya aprobación confía -como debe ser en una democracia- en el juicio de los ciudadanos.
La propuesta de ProReforma salió de la gente; y es a la gente a la que le corresponde decidir si quiere aceptarla, o no.
El establishment –acostumbrado a vivir entre la corrupción y la impunidad- se burlaría de los 70,000 firmantes y establecería un antecedente nefasto, si le niega a la gente la oportunidad de decidir sobre este asunto. Eso significaría que de nada sirve que la Constitución reconozca la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas constitucionales; si al final de cuentas un grupo de cancerberos cerrará la puerta de acuerdo con sus conveniencias políticas del momento.
Es un absurdo constitucional y un absurdo de justicia que la comisión se constituya contra los ciudadanos; y sólo se explica como producto de un criterio ideológico que le teme a la expresión popular…y una maniobra política para perpetuar el estado de cosas del que se benefician los políticos y su clientela.
Esta entrada fue publicada, también, por El Periódico y por Siglo Veintiuno.
