Odebrecht, una firma brasileña que había expresado interés en la construcción de la hidroeléctrica Xalalá, no participará porque “no encontraron suficiente apoyo gubernamental para enfrentar la oposición comunitaria en contra de la central”.
La empresa sudamericana tuvo la gentileza de expresar sus razones en una carta; pero las otras ocho compañías que habían comprado las bases, ni siquiera se molestaron en presentarse al acto de apertura de las ofertas. Y no los critico por eso.
Lo que está ocurriendo con Xalalá debe ser un llamado de atención que los gurús de la promoción de inversiones y la burocracia encargada de ese tema no deben ignorar. El alcahueteo de las dirigencias indigenista y ecohistérica está empezando a tener efectos en los inversionistas potenciales, que ya se dieron cuenta de que seguramente no vale la pena emprender en un país donde un puñado de revoltosos puede poner en jaque a la autoridad (inexistente) y donde los tribunales de justicia son un circo de marionetas cuyos hilos se mueven por motivos políticos.
Mientras tanto, cada día que se atrasa la construcción de más fuentes de energía eléctrica, es un día en el que nos acercamos a los apagones y a las escaseces que ya vivimos en los años 90.
Alberto Cohen, presidente del Instituto Nacional de Electrificación ha salido con una de esas ideas que lo dejan a uno papo. El funcionario dijo que ahora hay dos caminos: volver a licitar, o buscar que el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial se hagan cargo. Esto es, ignorar la raíz del problema; o bien, que se hagan cargo unos a los que la plata no les cuesta y que, por lo tanto, podrían no tener empacho alguno en hacer este tipo de inversión altamente riesgosa.
En cuanto al mismo tema, Julio Estrada, director del Programa Nacional de Competitividad, contó algo que tampoco hay que dejar pasar por alto: “Hay empresas como Enel, que entran hasta cuatro años antes a la comunidad”, o sea que, en plena crisis financiera internacional, se espera que una empresa gasta cuatro años de sometimiento a chantajes, antes de que pueda empezar su proyecto.
Lo cierto es que entrar a la comunidad quiere decir perder tiempo y recursos humanos y económicos en reuniones aburridas y desgastantes, en pagar campo y uniformes para el fútbol, financiar los caprichos de las dirigencias locales, humillarse, aguantar necedades, y quién sabe qué más.
Sin seguridad jurídica y mientras se alcahuetee al jacobinismo, este tipo de proyectos no va a avanzar de forma sana. Yo digo que estamos viendo la tempestad y a nadie se le ha ocurrido persingnarse.
