Porque el tema es muy importante y porque creo que es útil para los lectores de Carpe Diem, comparto con ustedes este editorial de Prensa Libre.
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El tema de la libertad de expresión, tan cuestionado en estos días a nivel mundial, forma parte de la agenda elemental de nuestros países y se ha convertido en uno de los síntomas principales para diagnosticar la salud del sistema democrático. Refleja este indicador no solo la esencia de quienes ejercen el poder sino de quienes lo buscan, lo padecen o simplemente lo viven desde la arena ciudadana.
Ilustran esta teoría ejemplos como el venezolano o el ecuatoriano, donde los regímenes se han dado a la tarea de menoscabar e intimidar el derecho a la libre de expresión, bien sea en forma directa, como ha ocurrido desde la era del chavismo y ahora del madurismo, o bien al estilo del correísmo. Mientras uno agrede activamente y despoja por la vía de los impuestos, el otro se ha servido del sistema legal, diseñado por él, para amedrentar a quienes le critican.
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Cuando la intolerancia es parte de la actitud de los operadores políticos, se llamen como se llamen, el rasgo se vuelve aún más preocupante porque devela la ambición desmedida, resume el rechazo a la crítica que sufre cualquier ciudadano y presagia una pésima respuesta de quienes, siendo protagonistas sociales, deberían cuidarse y ser ejemplos de conducta y valores para que el resto de la sociedad les siga.
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La intolerancia evidenciada en individuos particulares, políticos de oposición y grupos sociales, inevitablemente tiende a convertirse en violencia ciega, como lo demuestran los hechos dolorosos ocurridos en París hace pocos días. Es tan grave esa intransigencia como los linchamientos que en el pasado reciente se convirtieron en el castigo perverso aplicado por turbas dirigidas en el interior del país.
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Viene toda esta reflexión al revisar algunos hechos. Uno, la cruzada en contra del periodista Juan Luis Font y la revista Contrapoder, en la cual es notoria la participación de gente relacionada con el candidato presidencial del partido Líder, Manuel Baldizón. El otro caso es el de la periodista Jéssica Gramajo, de Prensa Libre, cuya cuenta en Twitter le fue bloqueada ayer mientras enviaba mensajes sobre el cambio de directiva en el Congreso, por una queja presentada por alguien desconocido pero que sin duda busca congraciarse con Alejandro Sinibaldi, presidenciable del partido oficial.
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En el Gobierno hay personas en los más altos puestos que manifiestan hostilidad hacia la Prensa, como lo prueba la actitud contra el diario elPeriódico y su presidente, Jose Rubén Zamora. En el caso de Font, las difamaciones se divulgan en los medios de comunicación pertenecientes al aspirante liderista. Ciertamente, este señalamiento no excusa que él sea agredido sin razón. La preocupación de estos sucesos se debe a que sigue habiendo gente en los partidos políticos que quiere callar las voces disidentes y las críticas de cualquier forma y fondo.
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Hay que defender la libertad de expresión de agresiones del Gobierno, de cualquier instancia social y —por supuesto— de potenciales figuras nacionales. Vale recalcar que ese derecho y la de Prensa deben ser protegidos constantemente, porque no cesan los ataques abiertos o solapados para conculcarlos.
