Por la aprobación de ¡235 contrataciones irregulares! y no menos de ¡50 plazas fantasma! en el Congreso de la República, siete diputados, encabezados por los expresidentes del Organismo Legislativo, Luis Rabbé y Arístides Crespo, son señalados de peculado y abuso de autoridad y nombramientos ilegales. Cuatro otros expresidentes del Congreso se hallan en la picota: Pedro Muadi, Gudy Rivera, Eduardo Meyer y Rubén Darío Morales. Luis Mijangos, eterno director del Congreso, también cayó ayer. Durante las administraciones de Rabbé y Crespo fueron ejecutados más de Q1 mil millones del dinero quitado a los tributarios para pago de personal, rubro que drena el 73 por ciento del presupuesto del Congreso. Con esos niveles de desperdicio, corrupción y mala administración, ¡con razón es que a los pipoldermos (de todos los tiempos) no les alcanzan los impuestos que cobran!
Fue emocionante ver enchachados a aquellos protagonistas de la piñata en el Organismo Legislativo (Luis Rabbé no ha sido capturado; pero su hermano sí)…sin embargo, para que se haga justicia, estos y otros actores no sólo deben enfrentar las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos, sino que todas las plazas -todas- irregulares deben ser eliminadas. No puede, ni debe pasar, lo que ocurrió en el Ministerio de Salud donde el sindicato forzó a la administración a reinstalar a exburócratas despedidos por violar la ley. Para que haya justicia, una limpieza de esa naturaleza debe ser hecha a todo lo largo y todo lo largo del sector público que ha de estar plagado de prácticas como esta y prácticas más escandalosas.
Hoy, por ejemplo, leímos que una empleada y un extrabajador de la Contraloría General de Cuentas fueron capturados por supuestamente extender finiquitos inmerecidos, a cambio de sobornos. Eliminaban información negativa de candidatos a puestos de elección popular (que puede que ya estén ocupando esos puestos) y quitaban multas a particulares. ¡Si hay dos, debe haber más!…y ha de ser fascinante conocer la lista de los beneficiados, y saber qué puestos ocupan, y verlos enchachados porque si alguien quitaba información a cambio de dinero…alguien daba dinero a cambio de quitar información. Esa gente está ahí afuera y muchos de ellos han de ocupar puestos de poder e influencia. Si la Contraloría de Cuentas no ayudara a los funcionarios a ocultar sus cochinadas año tras año, año tras año, año tras año, ¿estas serían posibles?
Todo el sector público está infestado de esas ratas. Hoy leímos, también, que unas 48,500 personas son víctimas de trata de personas y que empleados y funcionarios públicos (o sea pagados con tus impuestos), así como policías y autoridades municipales (igualmente pagados con tus impuestos) están involucrados -directa, o indirectamente- en estructuras criminales dedicadas a la trata de personas. Es lo que pasaba con las adopciones irregulares, si había notarios que las hacían, seguramente había funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y jueces en el Organismo Judicial, que las dejaban pasar y las autorizaban. Sin el estado (sin políticos y sin sus funcionarios) todo aquello, en gran escala, es imposible.
Sería chulo ver que se haga justicia y que todo esto no quede sólo en conferencias de prensa, titulares y memorias de labores. Esto no debe parar aquí.
La ilustración es del Movimiento Cívico Nacional.
