A como están las cosas, los políticos deben resistirse a la tentación –y a la presión– de hacer algo para minimizar los efectos negativos que ocasiona el alza del precio del petróleo.
Veamos las opciones que se plantean hoy en las noticias:
- Promover una campaña para concientizar a la población para que gaste menos en combustible, o recomendarle que lo use con más eficiencia.
- Reducir el impuesto a la Distribución del Petróleo para que los combustibles sean vendidos a mejor precio.
- Adherirse a Petrocaribe.
- Fomentar la producción de etanol y de biodisel.
- Escalonar los horarios de entrada de establecimientos educativos y de empresas.
La primera opción parece interesante; pero si la vemos de cerca notaremos que esas campañas son más un desperdicio de recursos y un paliativo para que no se diga que no se hace nada. En realidad muchos de nosotros ya estamos racionando el uso del combustible porque nos hemos dado cuenta de que está carísimo y de que hay que usarlo mejor. La gente no es tonta y racionaliza el uso de los recursos sin necesidad de campañas costosas.
La segunda opción es la mejor, porque el citado impuesto encarece artificial y políticamente el precio de los combustibles. No es una consecuencia de las condiciones del mercado, sino un gravámen antojadizo que puede ser fácilmente eliminado. Dicha eliminación no sólo bajaría el precio de los combustibles, sino que obligaría a las autoridades fiscales a racionalizar sus gastos y a priorizarlos, para enfrentar la ausencia de los recursos que proveía el tributo citado.
La tercera opción es inaceptable; no sólo porque no ha tenido los efectos esperados en países firmantes, como Nicaragua; sino porque es venderle el alma al diablo.
La cuarta opción también es una idea mala. En primer lugar porque no tiene un impacto en los precios; en segundo, porque encarece los precios de la caña de azúcar y de los otros productos alimenticios que se usan para producir el etanol y el biodiesel; y en tercero, porque privilegia a los productores de etanol y de biodiesel. Los exonera de impuestos, o desvía, para ellos, recursos que de otra forma no les correspondería.
La quinta también es inaceptable porque interfiere artificialmente en las decisiones y necesidades de los afectados por la disposición. Altera la asignación de recursos y la toma de decisiones económicas. Hará que unos sean beneficiados y otros damnificados por una decisión política centralizada. Resultará en un juego de suma cero en el que unos ganarán y otros perderán, arbitrariamente.
Al final, es erróneo partir de la idea de que «el país» está gastando mucho en combustibles. En realidad, la gente y cada uno de nosotros gastamos más en combustibles y somos los responsables de administrar nuestros recursos y de usarlos racionalmente. Esa responsabilidad también es del gobierno y de los pipoldermos; pero no debe suponerse que lo que es bueno para unos -en términos de cómo administrar sus recursos- es bueno para todos. Eso sería un abuso y la mediciona resultaría peor que la enfermedad.
