El que la Junta Monetaria esté conformada por representantes de sectores creó incentivos para que los sectores representados utilizaran su silla, en aquella autoridad, para mover la política monetaria, cambiaria y crediticia de acuerdo con los particulares intereses de quienes logran hacer sentir su poder y su influencia en los altos del Banco de Guatemala.
Así es como, por ejemplo, aveces la política cambiaria favorece deliberadamente a los exportadores, por medio de un subsidio que mantiene artificialmente alto el precio del dólar con respecto al quetzal. Y hubo tiempos en los que los miembros de la Junta Monetaria se beneficiaban descaradamente de la información privilegiada (y secreta) que manejaban.
En la Junta se tienen poder e influencia; y, por lo tanto, una silla ahí es un
botín político.
Dicho lo anterior, ¿cómo no incomodarse con el concepto? ¿Qué ciudadano responsable puede estar cómodo con una autoridad monetaria vulnerable a los intereses de los banqueros, de los industriales, de los comerciantes, de los cooperativistas, de la academia, y de los políticos?
Ayer sucedió algo histórico: El sector privado fue desplazado de la Junta y su silla la han ocupado los cooperativistas; y si este no fuera un cambio conceptual profundo y peligroso, de la conformación de la autoridad monetaria, ni siquiera me hubiera ocupado de ello.
Repito que ya es malo que la autoridad monetaria esté en manos de grupos de interés; pero, aún en esas condicones, es mas malo que aquellos grupos de interés no estén balanceados de alguna manera…y que empeore ese desbalance.
Veamos como está integrada la Junta: Tres ministros del Ejecutivo, un representante del Organismo Legislativo, un representante de la universidad estatal, y el presidente y el vicepresidente del banco central estatal suman 7 funcionarios estatales. Adicionalmente, en la Junta hay un representante de los banqueros, y uno del sector empresarial. Y, por sector empresarial se entiende a comerciantes, industriales, agricultores…y cooperativistas.
El desbalance entre el sector público y el sector privado es evidente; y poco tendría de malo si no fuera cierto que el sector público de la economía es el sector coercitivo de la misma; en tanto que el sector privado es el sector voluntario de aquella, tal y como lo advirtió Henry Hazlitt.
Ese desbalance se ha acentuado ahora que el sector cooperativista ha conseguido una octava silla para el sector público. Yo sostengo que el cooperativismo es parte del sector público por varias razones:
1. Las cooperativas son organizaciones
creadas por una ley para
el interés nacional, son impulsadas por el estado, tienen poca y casi nula libertad contractual y son parte de un movimiento cooperativo nacional.
2. Todas las cooperativas son un producto del estado niñera y tutelar, y por lo tanto gozan de la proteccion del estado y disfrutan de privilegios fiscales.
3. Su multiplicación es promovida por un Instituto Nacional de Cooperativas y el consejo directivo del mismo está integrado por tres miembros designados directamente por el Presidente de la República; y por sólo dos miembros nombrados por las cooperativas. El consejo sólo puede ser presidido por uno de los miembros nombrados por el jefe del Ejecutivo.
Es un non sequitur suponer que porque las cooperativas tienen que ver con actividades productivas, son parte del sector privado de la economía. De hecho, no tienen su orígen en el derecho privado, como otras formas de organización, tales como las sociedades propias del derecho mercantil y del derecho civil.
El cooperativismo en la octava silla para el sector público, en la Junta Monetaria, es un Caballo de Troya. Es un gol que la administración socialdemócrata le metió al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera. Hace un año, poco más o menos, el presidente socialdemócrata Alvaro
San Nicolás Colom
ofreció una banca central
sociademócrata. Y vea usted…la Junta Monetaria es la junta directiva del banco central.
