Jorge Briz y José Santiago Molina, Presidentes de la Cámara de Comercio y la Cámara del Agro de Guatemala respectivamente, se presentaron en la Corte de Constitucionalidad para interponer una serie de impugnaciones a varios artículos de los decreto 4-2012 y 10-2012 por considerar que los mismos contienen una serie de inconstitucionalidades que violan los derechos garantizados en la Constitución, afectando principalmente a los pequeños y medianos tributarios.
Nótese que fueron esas dos cámaras y no otras; y que no fue el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Esto es importante dadas la naturaleza y la conformación de las asociaciones involucradas que, agrupan a muchísimos pequeños y medianos comerciantes y agricultores.
Molina, del Agro, indicó que ambos decretos fueron aprobados con premura, sin análisis, ni discusión técnica por el Congreso de la República, lo que dio como resultado la aprobación de leyes y reformas a leyes como el Código Tributario, la Ley del IVA, la Ley de Aduanas, Ley del ISR, entre otras, una serie de inconsistencias técnicas que hoy están causando problemas a la mayoría de los guatemaltecos, complicando aún más los procesos tributarios
En 2012 el Ministerio de Finanzas no escuchó las recomendaciones previo a presentar las leyes y en 2013 el Gobierno reconoce los graves errores que contienen y podría estar dispuesto a llevarlas al Congreso para corrección.
La Administración, ya reconoció públicamente los errores contenidos en de las leyes, razón por la que recientemente instauró una mesa de revisión con el sector privado con el ofrecimiento de revisar y modificar la redacción que sea necesaria para solventar los problemas, así como en el caso de la Ley de Aduanas ha emitido tres veces un Acuerdo Gubernativo para suspender las multas agregó el Presidente. Indicando que celebra la disposición del Gobierno para hacer las modificaciones necesarias por lo que continuarán participando en las mesas técnicas, sin embargo, recordó que sólo el Congreso está facultado para legislar y modificar la legislación vigente, por lo que los avances en ese sentido dependerán del entendimiento en materia técnica del equipo del Ministerio de Finanzas en el Organismo Ejecutivo , pero principalmente de los tiempos, la agenda y la disposición política dentro del Congreso de la República para el conocimiento, análisis y aprobación de las modificaciones.
Stuardo Ralón, abogado de Cámara del Agro indicó que durante varios meses de 2012, luego de la aprobación de las leyes, se sostuvieron reuniones con los funcionarios de Finanzas habiendo consensuado correciones apenas para seis artículos de un decreto, de un total que supera más de 40 artículos para ambos decretos. Agregando que indistintamente de los avances que puedan obtenerse vía el proceso de diálogo y modificaciones, en materia Constitucional y para contribuir con el Estado de Derecho, si un principio constitucional es violentado es obligación ciudadana y gremial presentar las acciones legales ante los tribunales correspondientes y sentar los precedentes necesarios sobre que ningún funcionario es superior a la Ley.
Mucha de la clase media afectada por la expoliación que pretenden hacer los pipoldermos es miembro de las cámaras cuyas dirigencias se sientan en la mesa del Cacif. Pero también es cierto que muchísima de la clase media que será perjudicada por las nuevas leyes impositivas está desamparada siendo que no está organizada en grupo alguno de presion. Esa clase media desamparada no sólo no puede defenderse, sino que, en muchos casos, ha sido entrenada para resignarse a ser despojada y abusada.
Ahora, que estas cámaras han impugnado la puñalada fiscal, el nivel de vida de miles de guatemaltecos está en manos de la Corte de Constitucionalidad que no debería dejarse intimidar por los esfuerzos de la Administración para hacer que prevalezcan sus caprichos.
Las cámaras han actuado den defensa de sus agremiados más vulnerables; pero también es cierto que muchísima de la clase media que será perjudicada por las nuevas leyes impositivas está desamparada siendo que no está organizada en grupo alguno de presion. Esa clase media desamparada no sólo no puede defenderse, sino que, en muchos casos, ha sido entrenada para resignarse a ser despojada y abusada.
Mis felicitaciones para la Cámara de Comercio y para la Cámara del Agro; así como para los agremiados y directivos que -dentro de esas organizaciones- restieron frente a los cómplices de la Administración y empresaurios que se oponían a estas impugnaciones.
