“La Iglesia [Católica] no está dispuesta a aceptar que miembros del clero incurran en faltas consideradas graves por el canon católico, y después de agotar todos los medios de reconciliación, procede a excomulgar a sus miembros”, dice un reportaje publicado hoy.
“Que el mundo gaste más de 500 mil millones de dólares en armas y soldados es una inmoralidad, porque es la última prioridad en el mundo que nos toca vivir”, dijo Oscar Arias, presidente de Costa Rica durante una cumbre centroaméricana celebrada ayer.
Esta afirmación tan cargada viene del mandatario del único país centroaméricano que no tiene ejército; ¡Pero que tiene guardia civil, guardia costera, sección aérea y guardia de asistencia rural!, todas ellas estupendamente armadas. Esto es hipocresía de la fea, ¿o no?
“Es urgente que el Congreso de la República promulgue una ley general de archivos, con el fin de que se tenga la información requerida, de una manera inmediata. Para esto, es necesario contar con organización y control eficientes de la documentación de las instituciones gubernamentales”, dice hoy el historiador Rodolfo Hernández, al quejarse de que la carrera de Técnico Universitario en Archivos, de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (la universidad estatal), tendrá que cerrar por falta de alumnos. ¿Qué grupo de interés no quisiera una ley que obligara al garantizarle trabajo a sus integrantes?
De cuando en cuando mis colegas en los diarios chapines se quejan de que en el Congreso de la República no se trabaja porque no se producen suficientes leyes. Y aveces, como sucedió hoy, hasta se cuantifica la poca producción legislativa.
Yo digo que primero hay que definir exactemente qué es ley; en contraposición a lo que es legislación, normativa o regulación. Me adhiero a aquello de que una ley, para serlo, debe ser “general y abstracta”, en contraposición a las normativas que son “particulares y específicas”; pero en cuanto al tema de suponer que el Congreso es como una fábrica de salchichas -en donde mientras más salchichas se producen, mejor- pues, no estoy de acuerdo.
En ese sentido, recuerdo algo que escribió Hillary Arathoon en 1979: Debería haber una ley. “Sí, pero una que limitara la emisión de leyes, restringiéndolas a las estrictamente necesarias para que los gobiernos pudieran desempeñar a cabalidad la labor para la que originalmente fueron constituidos, o sea la de garantizar a los ciudadanos en el goce de sus derechos.
Según la «Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica», dichos derechos son: «el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad».
Si los gobiernos del mundo entero lograran desempeñar a cabalidad esa misión, habrían dado un gran paso. Desgraciadamente cada vez parecen distanciarse más de poder realizarla. En cambio, su intervención en todas las otras actividades de la vida del hombre, es cada vez mayor al grado de hacerle casi imposible toda actuación”. Esta intervención, claro, siempre es por medio de normtivas y regulaciones en forma de legislación.
Con mi admiración y respeto para Ronald Reagan, uno de los más grandes hombres no sólo del siglo XX, sino de todos los tiempos. Ayer se cumplió un aniversario más del día en que fue declarado Presidente de los Estados Unidos de América por el Colegio Electoral de aquel país.
1. En la clandestinidad, a oscuras y por temor a un saludable y transparente debate público sobre su naturaleza y sobre su legitimidad, fue negociada la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por la Organización de las Naciones Unidas y la Administración de Oscar Berger.
La Cicig, es la sucesora de la nonata Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos. Por eso se entiende que la ONU y la Administración, hayan llevado a cabo aquellas negociaciones al amparo del secreto y de las sombras.
En 2004 los guatemaltecos repudiamos la formación de la Ciciacs porque era inconstitucional. Por ejemplo: usurpaba del Ministerio Público la facultad de ejercer la persecución penal; y violaba el principio de igualdad de todos ante la ley, al crear privilegios tributarios y procesales para sus funcionarios.
La inconstitucionalidad, la usurpación y la multiplicación de privilegios fue lo que motivó a muchos a oponerse a la creación de la Ciciacs. Nadie, en su sano juicio, se va a oponer a la eliminación de los cuerpos ilegales y a los aparatos clandestinos; y nadie, con dos dedos de frente, se va a oponer al combate contra la impunidad. Pero esas batallas deben ser libradas dentro del marco del estado de derecho y no a su costa. Este principio era válido para rechazar la Ciciacs y es válido para evaluar la Cicig. ¡A los cuerpos clandestinos y a la impunidad que pudren el estado hay que acabarlos; pero no con una Stasi, una KGB, o una Gestapo!
Ahora que la negociación entre la ONU y la Administración chapina es un hecho, nos vamos enterando de que la Cicig podrá recabar, evaluar y sistematizar información oficial y privada; de que podrá publicar informes y de que podrá exigir la aprobación de leyes especializadas, entre otras facultades. Está por verse si los guatemaltecos nos sentimos cómodos con un procunsulado de esa naturaleza; y si así fuera, habría que asegurarse de que sus funciones sean hechas, ¡por lo menos!, con respeto a las garantías constitucionales y de forma proba.
Digo esto último porque una de las cosas que más llaman la atención es la candidez de aquellos que, haciendo caso omiso de los escándalos de corrupción que involucran al hijo de Koffy Annan y los que envuelven a la Organización Internacional de Migraciones, ven en la ONU y en los organismos internacionales a ángeles puros, radicalmente diferentes a los burócratas venales criollos. Suponen, los inocentes, que en nuestra incapacidad de cuidarnos a nosotros mismos, los chapines necesitamos de niñeras y capataces extranjeros para salir adelante. ¿Usted que cree?
Por lo pronto, y de acuerdo con dos exconstituyentes (Molina y Linares), y un exmagistrado de la Corte de Constitucional (Rohrmoser), la Cicig no viene exenta de peligros. Algunos son de procedimiento como el traslape de funciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio Público; pero otras son de fondo como la posible violación de la confidencialidad y la privacidad de las personas y la inmunidad frente a daños a terceros que pudieran cometer los funcionarios de la Comisión, entre otras.
El futuro de la Cicig pasa ahora a manos del Congreso de la República donde su discusión debe ser serena. No sólo evaluando las ventajas de doblar la cerviz frente a la ONU y las embajadas “amigas”; sino sopesando los costos en el largo plazo, principalmente para la constitucionalidad y el estado de derecho.
2. Mojito peligroso: Fidel está en las últimas; y llama a Raúl y le dice: “Raúl, estoy preocupado por el futuro de nuestro pueblo. Si me muero, ¿crees que te seguirán como líder?” A lo que Raúl contesta: “Si Fidel, no lo dudes ni un momento”. Y Fidel pregunta: ¿Y si no te siguen?” Entonces Raúl contesta: “Te prometo que entonces te seguirán a ti”
Publicada en Prensa Libre el 16 de diciembre de 2006
No se ve bien; pero el hombre de la camisa verde va caminando en zancos. Me causó gracia la escena, de esas que uno solo mira si va por el centro de la ciudad.
Desde ayer he sido atacado por la gripe; pero tengo buenos remedios:
1. Caldos y sopas varias
2. La fiesta del Chivo
3. Litros de rosa de jamaica
4. Neumonil
5. Mi sweater verde
6. Gárgaras de vodka
Prensa Libre no publicó hoy Carpe Diem; pero nos vemos ahi el otro sábado.
En Guatemala, cada año, casi 22 mujeres necesitan tratamiento médico por complicaciones causadas por abortos provocados, dice una noticia. Muchas mujeres acuden a métodos y a personas que sólo les causan fuertes hemorragias y daños en la matriz. Aquellos métodos incluyen introducción de sondas, perchas y varas de metal. Una mujer que no quiere tener a su hijo, acude hasta a poner en riesgo su propia vida para deshacerse del embrión. Esto no debería suceder y las mujeres deberían tener otras opciones.
Leo, también, que sectores interesados presionan para que el Congreso de la República se adhiera al Convenio de La Haya, véalo aquí, en inglés. Uno de los efectos de este convenio será que las adopciones tendrán que ser autorizadas sólo por jueces, para quitarlas, supuestamente, de las manos de los notarios. Yo pregunto: los jueces encargados, ¿serán el mismo tipo de juez que en Guatemala retrasa la justicia; falla con base en testigos falsos, o de dudosa credibilidad; y que constantemente estamos criticando por venales? Pregunto, también, ¿qué efecto tendrá ese cambio en las decisiones de las mujeres para las cuales dar un hijo en adopción es una opción frente al aborto?
