La posición de Guatemala en cuanto al respeto del derecho de propiedad se ha deteriorado. ¿Cuánto? Te cuento. De una posición global de 81, en 2018, en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad el país pasó a 85 en 2019, a 89 en el año de los encierros forzados, a 95 en 2021 y la última información fue la del desplome a 103 en 2022. Estas cifras no sorprenden si comparas con que, en materia de estado de derecho, Guatemala cayó de la posición 117 en 2018 a 120 en 2022.
Cabe abordar el tema porque la administración semillera acaba de anunciar la creación de un acuerdo agrario con organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, creado en 1975 con estrechos vínculos con el guerrillero Ejército Guerrillero de los Pobres. Organizaciones que fomentan invasiones. ¿Sabes quiénes son los grandes ausentes en el acuerdo? Las víctimas de aquellas usurpaciones que se encuentran indefensos no sólo frente a los delincuentes; sino de cara a los tribunales de justicia, a las autoridades de policía y a otras autoridades locales.
El derecho de propiedad no es meramente el de poseer bienes y recursos; principalmente es el de utilizar esos recursos libremente (sin causarles daños a terceros, ¡Por supuesto!) y el de transferir pacífica y voluntariamente esos recursos y sus derechos. El derecho de propiedad no es sólo el mero derecho a recursos (u objetos), sino que -exactamente como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad- es un derecho a la acción.
Si el derecho de propiedad está a merced de piratas, ladrones, extorsionistas y otros criminales; y si la Administración es incapaz de proteger los derechos a la acción de los propietarios legítimos, no sólo se hace nula la justificación para tener gobierno y no sólo resulta inexistente cualquier pretensión de estado de derecho, sino que se anulan la existencia de los derechos a la libertad y a la vida.
¿Por qué? John Locke explicó que ya que somos dueños de nosotros mismos y de nuestras vidas negar eso significa que otras personas son propietarias de nosotros y de nuestras vidas. Los productos de nuestras vidas y de nuestra libertad son la propiedad como producto de nuestro trabajo productivo físico y mental, de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestros talentos. La propiedad es la parte de la naturaleza que transformamos para darle usos valiosos, y la que intercambiamos.
Todo aquello, sin embargo, se queda en palabras cuando hace falta el acuerdo moral social que reconoce el valor de la propiedad como consecuencia de la vida y la libertad de las personas. Sin ese acuerdo moral, no hay discurso que valga. No hay tal cosa como derechos naturales; lo que hay son acuerdos morales para respetar las condiciones mínimas para la cooperación social.
¿Ves la importancia de que el acuerdo agrario no excluya a las víctimas de las invasiones, usurpaciones y otras formas de robos de propiedad ajena? No puede haber acuerdos morales sobre la propiedad cuando los protagonistas de esos acuerdos son sólo políticos demasiado enfocados en satisfacer las exigencias de su clientela y en conservar el poder, y dirigentes de grupos con antecedentes delictivos que tradicionalmente han actuado convencidos de que los problemas estructurales del país se resuelven mediante la violencia, o mediante la intervención política en la distribución de los medios de producción.
Es, y siempre ha sido indispensable que todo gobierno (semillero, o no) cumpla con la razón principal y legítima de su existencia que es la protección de los derechos individuales de todas las personas por igual, sin distinción de etnia y sexo por mencionar dos características que están de moda. La cooperación social -y en consecuencia el bienestar generalizado- sólo son posibles si tribunales independientes, imparciales, objetivos, eficientes y capaces de actuar con celeridad pueden resolver conflictos de intereses en cuanto a la propiedad; y si las autoridades policíacas tienen la autoridad moral para actuar en casos de delitos flagrantes. La cooperación social sólo es posible si se garantiza el cumplimiento de los contratos.
Lo demás son papas y panes pintados y en la medida en que la administración semillera pretenda satisfacer exigencias y demandas particulares, a expensas de los derechos individuales, en esa medida se va a multiplicar la conflictividad y se va a deteriorar el estado de derecho. ¿A conveniencia política en el corto plazo? Puede que sí. Pero en perjuicio de todos, sobre todo de los más pobres que son los que tienen que agarrar sus tujas y caminar hacia el norte porque la institucionalidad ha colapsado. Pregúntale a cualquier familia de venezolanos de esos que se ven tan tristemente en las calles de la ciudad de Guatemala.
¡Pero, los chapines migran!, me vas a comentar. Sí. Los chapines migran desde hace años porque aquí no se respetan los derechos individuales, no hay garantía del cumplimiento de los contratos, los tribunales de justicia no son tales, no se puede confiar en las autoridades, y las instituciones (no las organizaciones, sino los sistemas de normas) se desploman en los índices.
Todo acuerdo que involucre intereses específicos de grupos particulares en la sociedad -si ha de tener éxito en facilitar la cooperación social y la convivencia pacífica- debe incluir a todas partes involucradas; y de ninguna manera, de ninguna manera debe violar los derechos individuales, ni la igualdad de todos, todos ante la ley.
Columna publicada en República.
