En una actitud de franco y abierto desacato, el Tribunal Primero A de Alto Impacto, presidido por Jazmín Barrios anunció que continuará con el debate en el juicio que por supuesto genocidio se sigue contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez. El acto es nulo, claro, porque ayer Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, resolvió anular todas las diligencias del juicio que se seguía contra el exjefe de Estado, y el extitular de Inteligencia Militar, quienes por 20 días han estado sometido a procedimientos judiciales arbitrarios e ilegales.
Flores explicó que su decisión se debió al cumplimiento de dos órdenes que le fueron notificadas el pasado martes: la primera de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó a aquella judicatura que restituya al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos lo ordenado en el amparo interpuesto contra la decisión que el 23 de noviembre de 2011 trasladó a Miguel Ángel Gálvez el caso contra el general Héctor Mario López Fuentes, único sindicado en aquella fecha. La segunda orden de la Corte de Constitucionalidad que detalla que la juzgadora debe recibir las actuaciones y dar exacto cumplimiento al amparo provisional otorgado al CALDH.
Las anteriores resoluciones fueron suficientes para que la jueza decidiera dejar sin efecto todo lo actuado del 23 de marzo de 2011 en adelante, y anular el juicio que hasta ayer se realizaba contra Ríos y Rodríguez. Antes de hacer pública su decisión, la jueza Flores dijo que Más que un deber es una obligación resolver lo ordenado por la CC y la CSJ. La juzgadora insistió en que no resolvía “a su sabor y antojo”, sino en cumplimiento a las órdenes de ambas Cortes.
Ayer, un reportero me consultó acerca de estos acontecimientos y me preguntó que qué opinaba de la resolución de la jueza Flores. Le dije que si el propósito de aquellos procedimientos judiciales era el de buscar la verdad y hacer la justicia para consolidar la paz, yo celebraba que se respetaran las garantías del debido proceso y el estado de derecho. Luego preguntó que si todo lo actuado era anulado, eso tendría efectos en el dolor y el sufrimiento de las víctimas; a lo que respondí que ciertamente le dolor y el sufrimiento eran cosas muy malas y que no deberían ocurrir, y que era lamentable. Lo que olvidé mencionar es que la jueza Barrios debería haber pensado en eso cuando actuaba a sabiéndas del amparo interpuesto por CALDH, y cuando actuaba de forma ilegal y abusadora en el tribunal. Sospecho que la arrogancia y la fortaleza que le daban sus patrocinadores (ONG, prensa, embajadores extranjeros, organismos interesados y otros) le impidió ver que estaba poniendo en riesgo la legalidad de los procedimientos en los que incurría. Finalmente me preguntó si no es que se ponía énfasis en la forma, y se perdía la importancia del fondo. A este cuestionamiento respondí que la forma y el fondo se complementan. Que si bien el fondo es importante, la función de la forma es proteger las garantías del debido proceso y del estado de derecho; y que su función era la de evitar procedimientos arbitrarios, antijurídicos, prepotentes y abusadores. La forma puede obstaculizar el fondo; pero la función de la forma es proteger el fondo.
En fin…todo esto se está moviendo rápido y lo importante es que se haga justicia y que prevalezca la verdad para que la paz no se funde en venganza, ni en arbitrariedades. Aribrariedades y abusos como el de la jueza Barrios al no acatar la resolución del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.
