04
Sep 18

“Las golondrinas” para la CICIG

El viernes pasado yo andaba presumiéndole Guatemala y la comida garífuna a un visitante extranjero cuando los timbres de mi teléfono empezaron a llamarme la atención insistentemente: Todo el mundo andaba con que el gobierno de Guatemala le avisó al Secretario general de la ONU que el Estado de Guatemala no solicitaría la sexta prórroga al mandato de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala  y con la novedad de que había vehículos armados rondando la sede de aquella comisión.

Imagen de previsualización de YouTube

Luego me enteré de que el gobierno respetaría el plazo vigente de la CICIG y que esta seguiría hasta el 3 de septiembre de 2019, por lo que se le solicitó a la Comision que traslade sus capacidades técnicas a las organizaciones estatales correspondientes…que sospecho que no están preparadas; en buena parte porque para  la CICIG no era prioritario prepararlas para un mundo sin ella.

De cualquier manera digo que es lo que procede.  Después de diez largos años de operaciones, la CICIG no sólo no ha desmantelado cuerpo ilegal, o aparato clandestino alguno ligado al narcotráfico (o no), sino que no ha desmantalado el sistema de privilegios y arbitrariedad en el que medra y se cultiva al corrupción.  En diez años la Comisión no sólo no fortaleció al Ministerio Público, sino que lo hizo dependiente y adicto a ella.  En diez años, ¿cuántas sentencias condenatorias firmes ha logrado la colaboración entre la CICIG y el MP?  En diez años lo que si hubo fue justicia selectiva, cacería de brujas y canalladas como la de la persecusión contra los hermanos Valdés, como las que hubo contra Alejandro Giammattei y Carlos Vielmann y la que hay contra Erwin Sperisen. En diez años lo que hay en el historial de la CICIG es la canallada en el caso de Khalil y Marjorie Musa.

En sus primeros 6 años la CICIG no hizo mucho más que proteger a la administración de los Colom/Torres y su partido UNE que es miembro de la Internacional Socialista, y durante los 3 ultimos años lo que se ha visto es que la Comisión no sólo le ha allanado el camino electoral a aquella organizacion y a grupos como Semilla y el Movimiento para la liberación de los pueblos (Codeca); sino que hace comenzó su infiltración en el Tribunal Supremo Electoral.

La historia de la CICIG es una de intimidación contra jueces, fiscales, empresarios, periodistas, a veces sutil mediante el señalamiento de que cualquiera que se oponga a sus designios es necesariamente miembro de un pacto de corruptos, y a veces mediante acusaciones penales y persecusiónes judiciales directas.  Que, no serían formas de intimidación, si no respondieran a formas de justicia selectiva ya que no todos los señalados y perseguidos son tratados con igualdad ante la ley, sino que se privilegia aquellos que son afines a los designios de la Comisión.  Designios que no respetan las garantías consitucionales, ni el debido proceso, ni responden a la búsqueda de justicia. Si no, ¿cómo te explicas que algunos señalados son tratados como Enrique IV en Canossa, y a otros sólo se les dan palmaditas?

Cuando en tiempos de la CICIACS se hablaba de una comisión que viniera a arreglar las cosas, en el espíritu de los que se esperaba de la CICIG, me opuse a la idea (que otros apoyaban con entusiasmo, otros que ahora reniegan de ella) por dos razones:

  1. Los chapines tendemos a no resolver los problemas de fondo y este iba a ser un caso de esos en que, en vez de fortalecer el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el Sistema penitenciario, lo que iba a pasar es que íbamos a crear un nuevo ente que hiciera lo que no hacían los otros.
  2. Nos iba a confirmar como eternos inmaduros, incapaces de hacernos responsables de nuestra sociedad, por lo que íbamos a depender quién sabe si para siempre, de la tutela internacional.

…y dicho y hecho…con el agravente de un tercer elemento que descubrí hace poco: Que la CICIG tiene poder e influencia, y no está sujeta al sistema republicano de pesos y contrapesos.  La Comisión y su jefe no responden a los electores y tributarios guatemaltecos, y en aras del mayor bien (en realidad del supuesto mayor bien que es su proyecto de nación), hasta han llegado a estar por encima de la Constitución y la ley.

La Comisión y sus fans olvidaron que, para ser exitosa (y sólo los delincuentes no querrían que tenga éxito), la lucha contra la corrupción debe ser dentro del Estado de derecho.

Sospecho que la Administración no tiene nada preparado; por lo que los guatemaltecos deberíamos embarcarnos ya en el fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el Sistema penitenciario, en vez de llorar como niños a los que se les ha quitado el pepe y los ha soltado la niñera. Me uno a la sugerencia de Marta Yolanda Díaz-Durán en el sentido de que  la Fiscalía de crímenes internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad. ¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!

Este es el momento en el que las élites guatemaltecas tienen que probar que son dignas de llevar aquel nombre.  ¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!

Dicho lo anterior, ¡que desatinado y que despropósito fue ese de sacar vehículos armados a rondar por la cede de la CICIG! ¡Qué desatinado y que despropósito fue ese de que el Presdiente anunciara la no prórroga de la CICIG rodeado de comandantes de zonas militares y otros jefes del ejército!  ¡Con aquellos despliegues sólo les sirvieron municiones, en bandeja de plata, a los que viven del conflicto, a los exguerrilleros y a los fans de la Comisión! ¡Qué desatinado y que despropósito haber comprometido al Ejército!

Cabe que, como dicen por ahí, Jimmy Morales y su equipo más íntimo tuvieran intenciones ulteriores y que estas hayan sido desactivadas oportunamente.  Cosa que atribuyo a que esta administración (a la que le sonó la flauta porque las opciones de Sandra Torres, o Manuel Baldizón eran evidentemente peores) no le quedó otra que raspar la olla y no cuenta con funcionarios de la talla que había hasta no hace mucho. A eso súmale que al Presidente le quedó enorme el tacuche y fue acorralado desde el principio por la torpeza de su hijo y su hermano, torpeza que fue bien aprovechada por la CICIG y su coro.

¿Qué noté durante estos tres últimos días?

  • Que los grupos que desde los años 60 han tratado de tomar el poder por la fuerza han afinado su habilidad para utilizar temas como la lucha contra la corruptión, y la institucionalidad incipiente contra casi cualquiera que tenga la osadía de cuestionar sus designios y su proyecto de nación.
  • Han descubierto que el diseño institucional del sistema político es permeable a su capacidad de cooptarlo y que ya no es necesario usar la fuerza no sólo para controlar el gobierno, sino que para remover obstáculos personales e institucionales.
  • Que los partidos políticos no pueden ser más irrelevantes.  Con un par de excepciones -que no hicieron mucho más que publicar comunicados- ¿dónde han estado los partidos políticos desde el viernes?  En Guatemala se están escribiendo los libros de historia y ningún partido político se hizo presente como se hacían presentes el Partido Unionista, el Partido Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional o incluso la Democracia Cristiana Guatemalteca, por mencionar nombres.  Lo que llamamos partidos políticos no son más que pelusa en el ombligo, y en el mejor de los casos, meras roscas electoreras.
  • Los grupos políticos y grupos de interés que se beneficiarían de un colapso del gobierno constitucional se sirvieron de la prensa y de las redes sociales para tratar de imponer la idea de que hubo un golpe de estado al estilo del de Jorge Serrano y crearon una marea de opinión que fluye fuertemente y tiende a pasar sobre todos los obstáculos y a invisibilizar todas las opiniones contrarias.

¿Es bueno empezar a  ensayar Las golondrinas para la CICIG? Yo digo que sí; pero las élites del país -y los electores y los tributarios- no debemos saltar al vacío. ¡Todas las agendas de seguridad, justicia e institucionalidad que estaban pendientes hace diez años, siguen pendientes!  Con excepción de los daños insitucionales y personales que ha causado, la CICIG deja las cosas casi como las encontró.  ¿Y qué vamos a hacer? Yo digo que los que tienen vocación ya pueden empezar a actuar como próceres, y dejar a un lado las rivalidades personales.  Yo digo que no es cierto que no haya propuestas sobre la mesa.  Ahí está lo que se pueda rescatar de ProReforma y la propuesta de reforma judicial que se derivó de ella.  Yo digo que los chapines somos mejores de lo que creemos.


20
Abr 18

Urge una depuración

Un coronel, segundo comandante regional de Quetzaltenango y exdirector de Logística del Estado Mayor de la Defensa, fue capturado por supuesto lavado de dinero y ser el testaferro de uno de los líderes de la Mara Salvatrucha.

Un ministro usó un helicóptero para ir a votar en la Consulta Popular, a pesar de que la distancia para desplazarse es sólo de unos 30 Kms. desde la ciudad de Guatemala. Al principio el funcionario negó el hecho; pero luego, ya cachado, no le quedó otra que ofrecer disculpas.

La educación de los más pobres y vulnerables está en manos de maestros que, más que docentes, son burócratas y extorsionistas, muchos de ellos responsables de que sea bajísimo el porcentaje de graduados de diversificado que gana las pruebas de matemáticas y lectura del Ministerio de Educación.

El Ejército es la institución llamada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. El Ejército nos salvó de crecer en una sociedad como la cubana, o la venezolana.  Como institución, no puede, ni debe permitir seguir siendo minada por corruptos y delincuentes.  El Ejecutivo, y la Administración en general, debería ser intolerante no sólo con los grandes corruptos que medran en sus rincones, sino con los robavueltos, los descarados y los sinvergüenzas que minan la autoridad.  Tampoco debería ser tolerante con sus empleados chantajistas y parásitos, ni con los sistemas y los incentivos perversos que abren las puertas a la corrupción y a los abusos.

Hay grupos sociales que están al acecho y aprovechan cada oportunidad que tienen para pedir la disolución del ejército, la renuncia del Presidente, y cosas parecidas, a la sombra del caos, el descontento y el desencanto que producen actos como los citados arriba.  Si vemos la historia reciente de América Latina, es muy posible que descubramos que cada tiranía incrustada en nuestros países, ha sido precedida por gobiernos corruptos, de los que la gente se ha hartado. ¿Te das cuenta del peligro? ¡Urge una depuración!

Columna publicada en elPeriódicoy la ilustración la tomé de Facebook.


23
Mar 18

¿Más impuestos? En mala hora

Con un desparpajo difícil de creer, la jefa de la Misión del FMI para Guatemala, Esther Pérez vino y dijo que Guatemala necesita subir las bases y tasas tributarias; frase que, bien traducida, significa que los habitantes de Guatemala, y sus familias, deben destinar más porcentajes de sus sueldos e ingresos para el mantenimiento de políticos y burócratas.  Significa que, en su opinión y en la del FMI –al que representa–, tú y tu familia deben disponer de menos recursos para sus necesidades, y destinar más de sus sueldos e ingresos a prioridades ajenas y a los intereses de aquellos que tienen el poder y la influencia suficientes para tomar su dinero por la fuerza.

¡Te engañan si te dicen otra cosa!  ¿Y sabes qué no te cuentan? No te cuentan que mientras más de tu dinero va a parar a las oficinas que dirigen aquellos políticos y burócratas, más de tu dinero pueden robar.  ¡Así ha sido con las carreteras, con las que se han robado los impuestos que pagas por combustibles; y así ha sido en el IGSS donde se han robado los impuestos que pagas con tus cuotas!  Así es en las municipalidades, y en los tres organismos del estado, así como en donde quiera que escarbes a lo largo y lo ancho del sector público (que, para más señas, es el sector coercitivo de la economía).

Ninguna lucha contra la corrupción va a tener éxito si los promotores del estatismo y de la expoliación legal siguen contando con la sanción de sus víctimas. Mientras que el tributario promedio siga creyendo que debe entregarle una buena porción de su sueldo y de sus ingresos a los mismos políticos y burócratas que sabe que son venales e ineptos, estos van a seguir multiplicando las posibilidades de enriquecerse a costa de los que trabajan para pagar impuestos.

Y esto es muy peligroso, no sólo porque es una forma de legitimar el robo; sino porque los guatemaltecos estamos atravesando una crisis profunda de falta de confianza e improductividad cuyos efectos a duras penas estamos empezando a ver.

Señora Pérez, ¡vayan –usted y el FMI– a freír niguas en sartén de palo!

Columna publicada en elPeriódico.


14
Feb 18

La UNE, Oxfam y Semilla en un hormiguero

La exposición de un fraude de Q270 millones, alrededor de esa alianza público-privada que es el Transurbano, es una grande cosa, como dicen en mi pueblo.

Y no menos notable ha sido que (de paso) la exposición de aquel saqueo se ha traído abajo a Oxfam -a quien le llueve sobre mojado, tanto por el caso de Haití  como en el del Reino Unido– y al grupo Semilla, que desde hace ratos anda con ganas de hacer colapsar hasta nuestros tímidos intentos de república en Guatemala y ahora está más lejos de germinar, que nunca.  El caso es que uno de los protagonistas de este asunto es Juan Alberto Fuentes Kinght, ex ministro de la administración Colom/Torres, Presidente internacional de Oxfam y miembro notable del grupuo Semilla.

Voy a atreverme a interpretar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público saben atender las sugerencias que vienen de la Avenida de la Reforma y Septima calle, de la zona 10, según los vientos que soplen.  Eso, claro, no le quita méritos a la exposición de la corrupción y de la naturaleza de la administración de los Colom/Torres y de la Unidad Nacional de la Esperanza. A los señalamientos les debería seguir un proceso judicial, y si las pruebas fueran suficientes y los encartados fueran encontrados culpables, al proceso le debería seguir la cárcel.

¿Cuál fue el negocio?

Las autoridades y los grupos de interés que operan el transporte colectivo urbano han probado de todo (o casi de todo) con tal de no liberar el mercado y conservar las rentas que produce el estatismo.

El experimento más reciente fue la alianza público-privada que le dio vida al Transurbano. Este fue, además,  una apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza -el partido de los Colom/Torres y miembro de la Internacional Socialista- para obtener el apoyo electoral de los capitalinos y conseguir más votos en las elecciones de 2015.

¿Por qué digo los Colom/Torres y por qué es es atingente el nombre de Sandra Torres? Fuentes Knight, en un libro con pretenciones expurgatorias titulado Rendición de cuentas, explica que la entonces esposa de Alvaro Colom y luego candidata presidencial de la UNE,  fungió como una especie de “primera ministra de facto”: gobernaba desde la cúspide del poder pero sin estar sujeta a obligación legal alguna porque oficialmente no era funcionaria.

Así, contado a grandes, grandes rasgos la  Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos ofreció comprar 3 mil 150 buses nuevos para reformar la flotilla del servicio público, y el nuevo sistema contaría con paradas seguras y un innovador sistema de cobro, por medio de tarjetas prepago.


09
Feb 18

Indemnización, ¿para quienes?

Hay mucha indignación porque la administración Morales pidió compensación para los presos por casos de corrupción. ¡Por supuesto que sería inaceptable que se les diera indemnización a los condenados por actos de corrupción luego de un debido proceso!  ¿En qué cabeza cabría compensarlos?  Lo que deben recibir es castigo conforme a la ley.

Escucha el podcast aquí.

Otro, sin embargo, es el caso de los acusados que fueran encontrados inocentes.  Porque toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Porque las personas inocentes que hayan sido perseguidas y procesadas por el MP y la CICIG lo han sido no sólo con todo el poder del estado, sino con el peso formidable de la CICIG, en un ambiente mediático hostil y con una carga política notable. Porque si el MP y la CICIG fueron incapaces de probar la culpabilidad de los acusados, con pruebas irrefutables (por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia), y a pesar de la presión a la que están sometidos los jueces, es muy posible que algunos de los encartados sean inocentes y que sus vidas hayan sido arruinadas por la necesidad política de poner en evidencia la corrupción, que es diferente a la necesidad moral y jurídica de castigarla.

¡La corrupción no debe quedar impune!; pero, ¿por qué no sería razonable que los procesados injustamente reciban compensaciones por los daños sufridos a manos de autoridades políticamente parcializadas, o incapaces? Si muchos culpables del enfrentamiento armado para instaurar la dictadura del proletariado han recibido indemnizaciones, ¿por qué no las iban a recibir personas inocentes acusadas injustamente? ¡Por supuesto que ofende que corruptos cuyo enriquecimiento ilícito es obvio pudieran ser beneficiados!; pero no es menos ofensivo que personas inocentes vean sus vidas destruidas por caprichos políticos.  Claro que se corre el riesgo de que los encargados de la persecución penal sean incapaces de armar casos judicialmente sostenibles contra corruptos obvios; pero, entonces, su incapacidad profesional debería tener consecuencias.

Columna publicada en elPeriódico. Ilustración El triunfo de la justicia, por Jean Jouvenet [Dominio público], via Wikimedia Commons.


02
Feb 18

Cleptocracia, saqueo y trabajo decente

La cleptocracia se ha incrustado en el gobierno para saquear los recursos de los tributarios.  Por ejemplo: el año pasado el Ministerio de Salud les pagó a sus burócratas Q75 millones por bono de trabajo decente; bono pactado de manera ilegal, según la PGN.

Escucha el podcast aquí.

Mientras tanto, en el Hospital general, hay un médico por cada 100 niños; y la trabajadora doméstica de una amiga –que necesitaba ser operada y estaba en dolor– pasó todo un día esperando a que la atendieran.

Según la PGN el pacto colectivo y de condiciones de trabajo, que les otorga beneficios salariales a los empleados del ministerio es ilegal.  En total han sido demandadas 13 cláusulas del pacto, por considerar que fueron acordadas de manera ilegal y porque son inconstitucionales. Las erogaciones pueden ser hechas de manera discrecional y tú ya sabes…la discrecionalidad es el caldo de cultivo para la corrupción.

¿Por qué es que los sindicalistas de Salud –y otros– pueden conseguir cosas así?  Porque 200 sindicalistas pueden usar la fuerza para conseguir sus objetivos. Con lemas como Hacer la revolución por medio de los movimientos sociales, esos grupos bloquean calles y paralizan servicios.  Su moral revolucionaria y altruista les permite recibir dinero por su trabajo decente, mientras los más pobres están abandonados en los hospitales estatales. Porque su moral revolucionaria y altruista no ve mal la rapiña del dinero de los tributarios.  Porque su moral revolucionaria y altruista piensa que males como la cleptocracia y el saqueo no lo son, si se hacen acompañados de banderas rojas. ¿Sabes que con tus impuestos fue pagado el abogado de los sindicalistas? ¿De cuánto fue el pago? ¡Q24 millones!

Los pactos colectivos y los bonos como el de Salud y el de Q68 millones que se recetaron los burócratas del Organismo Judicial a fines del año pasado, son sólo dos ejemplos de la piñata tributaria.  ¿Cuántos más hay así a lo largo y lo ancho de la administración pública? Como tributario, ¿cuántos días al año trabajas para pagarles las canonjías y los privilegios a los sindicalistas y burócratas?  ¿Por qué permites que pase eso?

Esta colulmna fue publicada en elPeriódico, y la foto es de ese diario.


29
Ene 18

Corrupción y crédito fiscal

El hecho de que la frase devolución del crédito fiscal incluya la palabra devolución, indica claramente que se refiere al acto de reembolsar, reintegrar, restituir o retornarle el crédito fiscal a su legítimo propietario.  Indica, también,  que el que reembolsa, reintegra, restituye o retorna, tiene algo que no le pertenece y se lo devuelve a quien si le pertenece.

Escucha el podcast aquí.

Dicho lo anterior, si queremos acabar con la corrupción en la devolución de créditos fiscales -lo que es muy deseable, como lo es acabar con la corrupción en otros actos y procesos de la administración pública- nos urge descubrir y entender qué (exactamente) es corrupción.

Corrupción es la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades están corrompidos, que es lo mismo que estar podridos, estropeados, viciados y cosas así.

¿Qué es lo que permite, o facilita, o hasta  que los funcionarios y otras autoridades estén corrompidos? Fundamentalmente dos situaciones: la posibilidad de arbitrariedad y los procedimientos enredados y costosos.  Hay arbitrariedad cuando en las decisiones y actuaciones de los funcionarios y autoridades privan la ilegalidad, injusticia, abuso, desafuero, atropello, iniquidad, tiranía, despotismo, alcaldada, cabildada, parcialidad, improcedencia, y/o abuso de autoridad.

El crédito fiscal es de antología; es la situación paradigmática en la que los funcionarios y autoridades encargadas de su administración pueden actuar de forma arbitraria, y en la que los trámites son costosos y lentos; y, por lo tanto, es fuente abundante de corrupción.

La cosa es así: mediante legislación los funcionarios y autoridades toman dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza.  Separan lo que creen que les corresponde y deberían devolver la parte que tomaron y no les corresponde.  Pero no la devuelven. Se la quedan y la jinetean. Fundamentalmente la usan para pagar gastos, cuando no se diluye en mala administración, o en apropiación indebida cuando no en hurto. Mientras tanto los legítimos propietarios de aquel dinero no pueden disponer de él para pagar sueldos, pagar proveedores, pagar deudas, o invertirlo y aumentar la productividad.

Aparte del robo -que es tomar dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza-, hay corrupción cuando los funcionarios y autoridades no devuelven lo que han tomado de más.  Cuando atrasan su entrega y cuando abren la posibilidad (sólo ellos tienen la facultad de abrir esa posibilidad) de priorizar ciertas devoluciones mediante tráfico de influencias (sólo se puede influir en ellos) y mediante sobornos.

Hay quienes dicen que it takes two to tango y que tan culpable de corrupción es el funcionario o la autoridad que acepta el tráfico de influencias, o comete cohecho; como el propietario que aprovecha influencias y paga coimas para que se le devuelva lo suyo.  De hecho, la legislación, así lo estima; aunque no estoy de acuerdo. El jurista romano, Ulpiano, explicó que justicia es una voluntad firme y constante para dar a cada uno lo suyo, o su propiedad.

En ese espíritu, cuando a los legítimos propietarios del dinero tomado por funcionarios y autoridades les es negada arbitrariamente la devolución de su propiedad (lo suyo), o les es retrasada arbitrariamente aquella devolución, los funcionarios y autoridades no sólo incurren en injusticia y en corrupción, sino que -si piden, o permiten el tráfico de influencias, o la entrega de sobornos- incurren en extorsión.

Para cumplir con sus obligaciones comerciales y morales, o sólo para recuperar lo que es suyo (su propiedad) los legítimos propietarios del dinero de más, tomado por los funcionarios y autoridades deben someterse a la extorsión y a la corrupción impuesta por quienes tienen el poder para decidir si devuelven, o no el dinero que no les corresponde, y cuando.

A una amiga, los funcionarios y autoridades le deben -por crédito fiscal- una suma de seis cifras.  Como ella necesita el dinero (y es suyo) le preguntó a su contador si era el momento de iniciar un proceso administrativo para recuperar los fondos.  El consejo del contador fue que no lo hiciera; porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que una vez los propietarios del dinero lo piden de vuelta, los funcionarios y las autoridades a cargo ordenan una auditoría intimidatoria que -entre la arbitrariedad, y la complejidad de la legislación tributaria- termina perjudicando al dueño del dinero.

Los estatistas -porque creen que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los derechos individuales, porque no entienden el valor de la propiedad y porque son beneficiarios de la expoliación- te han hecho creer que la obligación de tributar no está sometida a los mismos criterios éticos a los que están sometidas las relaciones privadas entre la gente y la propiedad ajena.  Te han hecho creer que los funcionarios y autoridades no son los corruptores, sino los corrompidos.  Te han hecho creer que los legítimos propietarios del dinero expoliado por funcionarios y autoridades deberían someterse, sin chistar, a la arbitrariedad y a los enredos de los que se rehúsan a devolver lo que no es suyo y no deberían tener en posesión.

Si caes en sus trampas retóricas no sólo contribuyes a profundizar y a perpetuar el poder ilimitado y arbitrario de los funcionarios y autoridades, sino que abonas el sistema en el que medra la corrupción e impides que la lucha legítima contra ese crimen tenga posibilidades de triunfar entre nosotros.

Los corruptos deben enfrentar la ley…y a la justicia; y para entender más la naturaleza perversa de la corrupción, y la del estatismo que la cultiva, te invito a visitar los enlaces de abajo:

Una solución razonable, más allá de la corrupción

Dicho lo anterior, ¿cómo se resuelve de fondo este asunto de los créditos fiscales? ¿Cómo evitamos la tormenta perfecta para la corrupción?  En Reformemos el IVA a las exportaciones, Lizardo Bolaños hace una propuesta razonable que comparto: Ejemplos abundan para hacer una buena reforma, como lo muestra la experiencia internacional que va de Uruguay a la Unión Europea. Ya sea usando «IVA cero» o una «cuenta corriente tributaria», es posible quitarles al Gobierno, a la burocracia y a los políticos involucrados el poder de extorsionar a las empresas pequeñas y grandes del país. Y, claro, quitarles a los empresarios la tentación de resolver el problema pagando mordidas.

Y, ¿qué hacemos con los empresarios culpables de cohecho, por ejemplo?

Las penas para el cohecho activo (el que soborna) son de entre uno y cinco años de prisión con multa de cien a tres mil quetzales.  Si yo fuera juez -basado en que los impuestos son una forma de robo y que la retención de los créditos fiscales son ilegítimas e ilegales y que se prestan a extorsión- le daría al culpable de sobornar la pena de un año conmutable y el máximo de la pena monetaria.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito.  En la sentencia explicaría bien por qué.  Y si se pudiera, recomendaría, de la forma en que sea oportuno, que los funcionarios y autoridades responsables de crear la tormenta perfecta para la corrupción fueran perseguidos, procesados y castigados con toda la severidad de la ley.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito y de explicar bien que, desde el poder, no se vale expoliar, ni extorsionar a los mandantes, ni a nadie.

Gracias a mi cuate, Danilo, animarme a pensar más sobre este tema.

¿Y ahora, qué piensas?

La ilustración la tomé de Facebook.


04
Nov 17

Entre el fiambre y el pavo se cuidan los nenes

Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen hambre, monchan  almuerzos de casi mil quetzales. Para ser exactos, de Q972, valor individual de 14 platillos.  En un almuerzo de septiembre pasado se gastaron 13 mil 604 quetzales…de tus impuestos. ¡Para esto es que quieren más tributos los pipoldermos!

Dos días antes de la festividad del solsticio de invierno, en 2015, los magistrados se echaron una cena en la que, cada platillo, tuvo un costo Q299 cada una, para un gasto total de Q5 mil 970….de tus impuestos. Uno se pregunta: Si es con su dinero propio, ¿cáda cuánto pagan Q299 en una cena estos personajes?

De acuerdo con los registros de gastos de comida del Organismo Judicial, de noviembre de 2014 hasta mayo de este año, los magistrados han gastado 425 mil quetzales entre almuerzos, refacciones, pasteles y galletas.  Ese dinero de tus impuestos ha ido a parar a las barrigas golosas de los magistrados y de otros funcionarios.

¡Para cosas así es que usan tus tributos los pipoldermos!…y así ha de ser ministerios y otras oficinas burocráticas. ¿O no?

La foto es de Soy 502.


19
Oct 17

Derechos, facultades y el orden constitucional

Las facultades administrativas e incluso las políticas de los funcionarios -locales, o extranjeros- no son derechos.  Estos -como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad- son acuerdos morales que se ejercen sin necesidad de pedirle permiso a nadie; en tanto que las facultades administrativas, para comenzar, no deben ser violatorias de los derechos (incluido el derecho al debido proceso, que se deriva de los derechos a la vida y a la libertad).  Luego, las facultades administrativas de los funcionarios son consecuencias de acuerdos políticos, es decir, de acuerdos enraizados en el ejercicio del poder, o en el ejercicio de la influencia política. El ejercicio del poder público es una facultad, no un derecho.

Un funcionario podría decir que tiene derecho a ejercer tal, o cual facultad, sí y sólo sí, existe un acuerdo político que le permite ejercer la facultad.  Empero, a diferencia de los derechos que ni se dan, ni se quitan desde el poder, las facultades sí dependen de este.

Pensé en aquello porque la Corte de Constitucionalidad, constituida en tribunal extraordinario de amparo, debería proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Empero, la Constitución nada dice de proteger a los funcionarios -nacionales, o extranjeros- contra las amenazas que pendan sobre sus facultades, o para restaurar las mismas cuando hubieran sido suspendidas, o anuladas.

Ya sabes, en el campo de las relaciones sociales voluntarias, la ley sirve para proteger la esfera de acción privada de las personas y garantizan que estas puedan hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley (porque viola derechos ajenos); en tanto que en el campo de las relaciones sociales coercitivas, la legislación sirve para enmarcar las acciones de los sujetos a ella y garantizan que estas puedan hacer sólo lo que está expresamente permitivo por las normativas (para evitar la violación de derechos).

Por eso creo que es improcedente -y abusador- que la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad crea que tiene la facultad de forzar al Presidente, o al Organismo Ejecutivo a revertir una decisión administrativa y política que no es violatoria de derecho alguno.  El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatamala, en el marco de su mandato derivado de un acuerdo político con el gobierno de Guatemala, tiene facultades políticas y administrativas, que no es lo mismo que decir que tiene derechos políticos y administrativos.

La Corte de Constitucionalidad, cuya función principal es la defensa del orden constitucional, debería tener en mente la distinción entre derechos y facultades, y debería tener en mente la distinción entre el campo de las relaciones voluntarias y el de las relaciones coercitivas.  Pero parece que no es así.  Parece que los magistrados están más interesados en ejercer lo que se conoce como el gobierno de los jueces, antes que en defender la Constitución y las leyes (que no son lo mismo que la legislación).

Ese fenómeno indeseable que es el gobierno de los jueces fue identificado por primera vez en 1921 por Edouard Lambert y es un sistema de revisión judicial verdaderamente sin restricciones, que no pudiera ser limitado ni siquiera por medio de una enmienda constitucional. El gobierno de los jueces no debe ser confundido con el control jurisdiccional que es, este último, un componente del estado de derecho.

En una república sana, la función de controlar las decisiones políticas y administrativas del Ejecutivo le corresponden al Congreso; y si la Corte de Constitucionalidad usurpara las funciones del Ejecutivo, o del Congreso, está claro que se excedería en sus facultades de una forma inaceptable.

Uno puede estar de acuerdo, o en desacuerdo con la decisión ejecutiva de pedirle al jefe de la CICIG que no se meta en política. Empero, la determinación de la Corte de Constitucionalidad, de convertirse en el árbitro final de las decisiones ejecutivas del Organismo Ejecutivo, pone en peligro el mismísimo orden constitucional; y eso debería preocuparnos a todos los que valoramos el estado de derecho.  De hecho, si vamos a tener éxito en la lucha contra la corrupción -¡y deberíamos tener éxito en esa lucha!- sólo va ha ser en el marco del estado de derecho, y mediante el respeto a la ley.

La ilustración es de elPeriódico.


03
Oct 17

¿Y así quieren más impuestos?

Hasta que los tributarios ya no veamos más casos como estos, es inaceptable que los pipoldermos pidan más impuestos.

  1. Un puente que lleva a ninguna parte, en Chinautla -fue construido por el Fondo Nacional para la Paz y de emergencia- y costó Q24 millones.  Lleva siete años sin funcionar.  ¿Cuántas obras así hay, o están siendo construidas? ¿Cuántos puentes, mercados, hospitales, escuelas, están a medio construir, o han sido mal construidas y así se desperdicia el dinero de los tributarios?
  2. Luego de 9 meses de evidente incapacidad de ejecución presupuestaria (es decir, de convertir en obras el dinero que toman de los tributarios), la Presidencia de la república y los 13 ministerios del Organismo Ejecutivo tienen sólo tres meses para ejecutar más de Q29 millones si quieren ejecutar el 100% de sus presupuestos.  ¿Qué van a hacer así a la carrera? ¿Cuánto de lo que pidieron en impuestos se va a desperdiciar, o a maladministrar, o a desaparecer?

Una vez más, por si hiciera falta, queda en evidencia de que si se controlaran la corrupción, la mala administración y el desperdicio, los pipoldermos no necesitan tomar más dinero de los tribuarios. El dinero les sobra; y lo que falta es que prioricen, y que mejoren su capacidad de ejecución.

No cabe hablar de más impuesto si:

  1. No se eliminan todos los privilegios, y todas las partidas presupuestarias para intereses particulares.
  2. No hay prioridades claras de inversiones y gastos.
  3. No hay evidencias de que la corrupción, la mala administración y el desperdicio han sido erradicados.
  4. No se mejora sustancialmente la capacidad de ejecución por parte de los políticos y sus burócratas.

La foto del puente de Chinautla es de elPeriódico.