Luego de los desastres que ocasionó la tormenta Agatha, el régimen chavista, de Venezuela, mandó a Guatemala 12 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos, mantas, pañales y 100 metros de puentes de guerra. La ayuda vino en un barco de la Armada Bolivariana.
Pero los chavistas, como buenos altruistas, son
candiles de la calle y oscuridad de su casa; ya que recién se conoció que cien mil toneladas de alimentos, importados por una empresa estatal para los mercados socialistas,
se pudrieron en los muelles de Puerto Cabello. Los alimentos descompuestos
hedían como 100 perros muertos, dijo una persona consultada.
El orate, Hugo Chávez, minimizó el asunto diciendo que lo desperdiciado no llega ni al 1% de lo que distribuye la estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos; y acusó a la oligarquía de inflar el caso para desprestigiar la lucha por la soberanía alimentaria del pueblo.
Por cierto que ese concepto, el de soberanía alimentaria está definido en el proyecto de ley del sistema nacional del desarrollo rural integral, en el Congreso de la República de Guatemala, como que el Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la producción alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo y riesgo socio ambiental y garantiza la seguridad alimentaria nacional, facilitando el acceso de indígenas y campesinos a medios de producción, protegiéndola de las importaciones subsidiadas y de toda forma de competencia desleal.
O sea que le reserva a la Administración las decisiones de cómo, cuándo y qué alimentos producir; y establece un mecanismo proteccionista y paternalista. Vaya usted a saber qué va a ocurrir cuando un grupo de políticos socialistas y sus funcionarios dispongan qué producir y qué no, cuándo producirlo y cuándo no, y cómo producirlo y cómo no.
