En febrero pasado, Sandra Evita Torres obtuvo 11.7 por ciento de la intención de votos; en marzo, consiguió el 13.7; en abril tuvo un repunte de 21 y en mayo bajó a 17.5. En junio –la última encuesta– arañó los 15.2. La estrella de Evita va en declive porque su candidatura se basa en un fraude de ley; porque es una candidatura espúrea, en el sentido de que fue fabricada a la sombra de la Presidencia y con el dinero de los tributarios; y porque la incertidumbre mina el entusiasmo de sus activistas y de sus eventuales votantes.
Esas condiciones les presentan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la oportunidad de que, en su momento, no sientan presión alguna para respaldar una candidatura que no sólo es ilegal, sino que va en picada.
Para preservar la Constitución, el sistema republicano y el estado de derecho, ya el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral han hecho lo suyo. Y ahora los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la opción de no quedar, en los libros de Historia, en el mismo párrafo ominoso en el que quedarán Marco Tulio Melini y Helder Ulises Gómez, magistrados del Tribunal Supremo Electoral que pretendieron legitimar el fraude de ley con el que la candidata oficialista pretende imponerse.
Con el hundimiento de la inexistente popularidad de Evita, el costo de oportunidad para los Magistrados se está volviendo marginal. No es lo mismo plantarse frente a una candidata que encabeza preferencias, a hacerlo frente a una cuyo barco se hunde. Estoy seguro de que la Historia no será generosa con aquellos que estén dispuestos a sacrificar la Constitución, el sistema republicano y el estado de derecho, en favor de un capricho, de una ilegalidad, y de la fuerza.
La Historia es generosa con Thomas Jefferson y con John Adams; pero no con Benedict Arnold.
