Hoy nos enteramos de que los informes que presenta la Contraloría General de Cuentas muestran que esa dependencia pone muchas multas; pero comienza pocos juicios de cuentas o procesos judiciales por corrupción, y de que, aún en estos, hay siempre un órgano del Estado que sale muy bien librado: el Congreso de la República. Aunque el número de multas que puso la CGC de 2006 a 2010 prácticamente se duplicó, este auge fiscalizador parece no haber alcanzado al Legislativo. En esos 4 años el Congreso recibió de la Contraloría solo 42 multas y ni un solo juicio de cuentas, o denuncia penal. El año en el que más hallazgos se le efectuaron al Legislativo fue 2008: fue en el que se destaparon los negocios en los cuales participaba la Junta Directiva del Congreso, con los ahorros de la institución y la desaparición de Q82 millones de esos fondos.
También nos enteramos de que la CGC le entregó un finiquito al alcalde de San Jerónimo Baja Verapaz donde se hace constar que el titular del presente documento a la presente fecha no tiene reclamaciones o juicios pendientes como consecuencia del cargo o cargos desempeñados anteriormente. Sin embargo, la Jefa del ente fiscalizador hizo público el informe de auditoría practicada al presupuesto de 2010, en el cual destacan 15 denuncias penales a 11 alcaldes por irregularidades en el manejo de sus recursos, entre los que se encuentra ¡el Jefe Edil de San Jerónimo!
Hace unos días los fiscales de los partidos políticos pidieron que -para inscribir candidaturas- sus candidatos no tengan que presentar finiquitos y que baste, para su inscripcción, una declaración jurada de los candidatos y el compromiso de que presentarán el finiquito en caso de ser electos. Acertadamente, el Tribunal Supremo Electoral denegó aquella solicitud disparatada.
Ahora bien, ¿de qué sirve la decisión del TSE si hay candidatos que pueden conseguir finiquitos aunque tengan asuntos pendientes? Este caso, ¿fue un error, o así es como son las cosas?
