La Superintendencia de Administración Tributaria, y toda la Administración de Otto Pérez Molina, se encuentran en una situación difícil. No les salen las cuentas. No están recibiendo el dinero que quieren. ¿Están desesperados? La SAT impulsa medidas administrativas adicionales para poder compensar parte de la pérdida de ingresos, leemos hoy, que dice el recaudador; y, por su parte, un diputado recomendó que la SAT revise las metas de recaudación acordadas derivado de los cambios macroeconómicos debido a la coyuntura internacional y el retraso para implementar las leyes tributarias aprobadas en enero pasado.
De todo se ve, menos el ánimo de no seguir cargando a los tributarios con impuestos; menos el ánimo de recortar los gastos supérfluos y lujosos; menos los gastos destinados a satisfacer las demandas de los grupos de interés que viven del Presupuesto. Se ve de todo, menos de enfrentar la crisis con dos dedos de frente y detener el desperdicio.
Esa desesperación ¿es la que lleva a la administración a coquetear con la idea de reformar el artículo 133 de la Constitución; artículo que, en defensa de los guatemaltecos evita que el gobierno eche a andar la maquinita impresora de billetes y desate la inflación para pagar los gastos de los políticos y sus funcionarios?
