Tomar dinero ajeno por la fuerza es robo, aquí y en la Cochinchina. La gente normalmente se opone a este tipo de despojo, a menos que aquella expoliación ocurra como consecuencia de una decisión política (a cargo de los mismos políticos que la gente critica por corruptos e ineptos). Sin embargo, no deja de sorprender que la gente crea que está obligada a pagar impuestos, sin más.
Ahora que leo que el Fondo Monetario Internacional ha exhortado a la administración chapina para que impulse una reforma fiscal, en este año, con el objetivo de aumentar impuestos; y que la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal anda muy activa, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el tema impositivo.
En mi humilde opinión, como tributario y como elector, ninguna reforma impositiva debería dar un paso más sin resolver los siguientes puntos:
Ni un solo centavo de los impuestos que pagamos debe servir para favorecer, promover, incentivar, financiar, subvencionar, proteger, ni fomentar intereses particulares, ni privilegios.
Hasta el último centavo de los impuestos que pagamos debe ser utilizado única y exclusivamente para el bien común. Entendido este como el bien de todos, no como el bien de algunos, ni como el bien de muchos.
Leo que de 332 municipalidades, 275 no pasan por la fiscalización de sus presupuestos por parte de la Contraloría de Cuentas; y quién sabe que cosas parecidas ocurren a todo lo ancho y todo lo largo de la administración. Luego, hasta el último centavo de los impuestos que pagamos debe ser fiscalizado de forma transparente.
Recuerdo que antes las facturas detallaban cuánto es que uno pagaba de Impuesto al Valor Agregado; posteriormente, ese detalle importante fue ocultado en las facturas para que la gente no estuviera consciente de que está pagando un tributo. Luego, todo habitante de la República debe cargar con su parte alícuota del costo de tener gobierno. Así, estoy seguro de que seríamos más cuidadosos con permitirles, o no a los políticos, usar nuestro dinero para favorecer los intereses particulares y los privilegios de quienes no ven nada malo en usar, para sus negocios y sus fines, dinero ajeno tomado por la fuerza.
Antes de que el más mínimo aumento de impuestos sea llevado a la mesa, siquiera, la administración debe garantizar plenamente que: no se usa el dinero de los tributarios para beneficiar a nadie en particular; todos cargamos con el costo de tener gobierno; el dinero de los tributarios no se desperdicia y no se pierde en corrupción; y se hace todo lo posible por recaudar eficientemente. Si así fuera, así sí baila mi hija con el señor.
Sólo en estas condiciones es posible admitir, con mucha cautela, que tomar dinero ajeno por la fuerza tiene alguna justificación: si todos contribuyen por igual, sin se usa para el bien de todos y si se administra honradamente.
Esto es, no sólo porque robar es muy malo; sino porque los impuestos tienen efectos que no son muy evidentes y que son perjudiciales. Por medio de los tributos (por altos, o por complejos) el gobierno puede destruir la base productiva que hace posible el desarrollo económico.
A estas alturas alguien dirá que exagero cuando digo que el cobro de impuestos es violento; pero, ¿habrá quien niegue que se llaman impuestos, precisamente porque no son donaciones voluntarias? ¿Habrá quién no recuerde que si uno no paga sus impuestos corre el riesgo de irse enchachado a la cárcel? El uso de la fuerza para tomar el dinero ajeno está ahí presente, aunque se nos olvide.
Pasadas aquellas precondiciones, sólo queda tomar en cuenta que, para que los impuestos no erosionen la capacidad productiva y competitiva de la población económicamente activa, deben ser neutros, lo que significa que no deben afectar los precios relativos para que no cambien la manera en que las personas valúan las cosas y toman sus decisiones. Y dicho lo anterior, el primer tributo que debería desaparecer, entonces, es el impuesto a los rendimientos del capital.
Publicada en Prensa Libre el sábado 14 de abril de 2007
