El crecimiento desbocado de la deuda flotante de la Administración -deuda que es ilegal- asciende actualmente a unos Q980 millones de quetzales; y esa es la razón por al cual la Contraloría General de Cuentas le pidió al Ministerio de Finanzas, por escrito, que frene las compras y contrataciones sin fuente de financiamiento.
Generalmente los políticos y funcionarios son muy complacientes entre sí, en parte porque entre bomberos no se pisan las mangueras y en parte porque, como decía el periodista Alvaro Contreras, cuando se levanta la chamarra no se sabe a quién le va a dar frío. Por eso llama la atención que la CGC haya visto la necesidad de hacerle este llamado, ¡por escrito!, al MFP. La situación tiene que ser alarmante, digo yo, como para que en la Contraloría se hayan animado a hacer esto. Si así es el camino, ¿cómo será el poblado?
Puede ser alarmante desde varios puntos de vista, pero ahora se me ocurren dos: El primero es que, en cumplimiento de sus funciones, el Contralor haya decidido actuar profesional y legalmente en persecución de la transparencia y en defensa del dinero de los tributarios; y la segunda es que, para que conste en acta el día que se le pidan cuentas judiciales a la Administración de Los Colom, el Contralor no quede como el alcahueta del desperdició y de la mala administración.
