Como en un episodio de Fantasías animadas de ayer y hoy, el presidente Otto Pérez Molina dijo que vamos a encontrar los caminos para tener la cooperación, y atender las necesidades de los empresarios, empresas y comercio que tenemos con EE. UU., para que encuentren un ambiente cada vez más adecuado para seguir con los negocios. El Mandatario anda en España ofreciéndoles a los inversionistas un negocio de 10,000 millones de dólares. Pérez está trabajando en un foro para atraer inversiones.
Todo aquel alboroto fantástico contrasta con la realidad que tienen que enfrentar las inversiones en Guatemala en cuanto a ausencia de estado de derecho, ausencia de certeza jurídica y ausencia de protección para la propiedad; y para muestra, lo que sigue:
En agosto de 2012, el abogado Sergio Beltetón interpuso un Amparo -en representación de varias comunidades indígenas- ante una sala judicial, contra del Registro General de la Propiedad por haber inscrito varias fincas antiguas, en 1925, sobre las cuales estas comunidades reclaman derechos ancestrales.
Intentos como estos no son algo nuevo; pero, sorprendentemente, los resultados sí. La Cámara de Amparos, amparó provisionalmente a los interponentes; y resolvió ordenarle al Registro que suspenda las inscripciones registrales de las propiedades descritas en la solicitud de Amparo (que son varias fincas, propiedad privada, en Izabal).
Que una sala judicial resuelva de esta manera es improcedente e ilegal, por lo que la Cámara del Agro está analizando acciones legales para defender la propiedad y garantizar que esta orden anómala no siente un precedente y no quede en firme, ya que ello socavaría la certeza jurídica del derecho de propiedad privada y la de la seguridad registral en Guatemala; todo ello en violación de la Constitución, en perjuicio del Estado de Derecho, y eliminando toda la normativa ordinaria en el tema de propiedad, acabando con la certeza jurídica, que es uno de los pilares de la inversión y del empleo en el país.
El Presidente anda por ahí ofreciéndoles el oro y el moro a inversionistas extranjeros; pero lo cierto es que sin certeza jurídica, sin estado de derecho, sin protección a la propiedad, cualquier inversionista con dos dedos de frente haría bien en pensar dos veces si valdrá la pena tomar en serio a Pérez Molina. Y si alguien tiene dudas, que les pregunte a las mineras, a las generadoras de energía eléctrica y a otras inversiones y emprendimientos que constantemente son víctimas de chantajes y hasta de violencia.
