En esta semana me llamó mucho la atención que el Vicepresidente de la República y el Procurador de los Derechos Humanos “¡urgieran a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala!”; y se me hizo evidente que ambos temen que el Congreso no apruebe aquella instancia.
En días recientes la Corte de Constitucionalidad opinó que el proyecto de creación de la Cicig no es ilegal y esto abrió paso para que aquella propuesta sea discutida en el Parlamento.
Para los que llegaron tarde, como se decía en las tiras cómicas de El fantasma, la Cicig es una comisión que la Organización de las Naciones Unidas y “los países amigos” de Guatemala están tratando de forzarnos a aceptar. Su objetivo principal es “determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala”.
Como era de suponerse, los promotores de la Cicig han acusado a aquellos que nos oponemos a ella de ser miembros, o ser financiados por aquellos cuerpos ilegales y clandestinos. La falacia es absurda, pero no es nueva. Es común, entre los chapines, que si uno escribe contra el monopolio de la educación pública, a uno lo tachen de defensor del analfabetismo; y que si uno advierte contra las imprecisiones de las ideas prevalecientes sobre el calentamiento global, a uno lo tilden de enemigo de Bambi.
La Cicig es sucesora de la difunta Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Este engendro venía de la ONU plagado de inconstitucionalidades y de privilegios para sus ejecutivos y por eso fue rechazado. La Cicig superó aquellos obstáculos, pero su texto fue mantenido en secreto por sus promotores para que no pudiera ser conocido por los guatemaltecos antes de que aquellos estuvieran listos para “hacerla pasar” sin discusiones ni contratiempos.
Sin embargo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que no desconocía los vericuetos por los que había pasado el proyecto, se curó en salud y sometió el texto al análisis de la Corte de Constitucionalidad y resultó que este ya había sido saneado. De esa cuenta es que el tema regresó al Legislativo y ahora ese organismo tiene en sus manos preguntarse, en serio, si en realidad necesitamos la Cicig.
Mi hipótesis es que no la necesitamos. La primera vez que entré en contacto con la Ciciacs/Cicig pensé que, como tradicionalmente en Guatemala no han funcionado los ministerios, entonces creamos fondos sociales. Y como la cosa sigue sin funcionar, creamos los comisionados; y cuando estos fracasan también, entonces pasamos a hacer otra cosa.Así nos está pasando con el combate a la impunidad. No sólo con la de los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad, sino con la del crimen organizado, la de la corrupción de los funcionarios y en general con el incumplimiento de los contratos. Como el Ministerio Público no funciona y como las leyes no son respetables, pues engendramos la Cicig, o la Ciciacs, o lo que sea.Sostengo que hay un patrón en esta forma de conducta; y lo ilustro con algo que escribió Thoreau: “por cada mil personas atacando las ramas de un problema, hay una sola atacando sus raíces.”
En Guatemala necesitamos fortalecer las instituciones que hay, hacer que se cumplan las leyes que hay. No es cuestión de hacer más oficinas y de hacer más comisiones, o de hacer leyes comos si fueran salchichas.
Talvez es hora de decirles a la Organización de Vacaciones Unidas y a “los países amigos” que gracias, pero no gracias. Y que para cambiar vamos a hacer las cosas bien. Y si no las vamos a hacer bien, de todos modos, ¿para qué queremos una nueva versión de aquella Minugua que tantos malos recuerdos nos dejó?
Publicada en Prensa Libre el sábado 19 de mayo de 2007
