En agosto pasado, con lujo de fuerza y en medio de un espectáculo mediático, la PNC, el MP y la PGN rescataron a 46 niños que estaban en una casa cuna. Según las noticias, la casa cuna era clandestina, y los chicos iban a ser dados en adopción de manera ilegal.
Sin embargo, martes pasado se conoció que el Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia le devolvió los niños a la Casa Quivirá porque resultó que no había nada malo en el asunto.
Durante el operativo de agosto dos notarias fueron capturadas. Josefina Arellano, procuradora de la Niñez, afirmó que no tenían la documentación completa de los niños y que la que tenían constaba sólo de escritos notariales, pero ningún caso era tramitado en juzgado. El comisario Luis Sul dijo que luego de recibir algunas denuncias se iniciaron las investigaciones que concluyeron en el allanamiento. Bienestar Social de la Presidencia corroboró que ese hogar no estaba autorizado.
Y se dejó ir toda la fuerza bruta de la burocracia chapina. El allanamiento duró 14 horas. Se hicieron presentes 15 efectivos de la Policía y dos unidades del MP. Se armó un alboroto porque el propietario de la casa era extranjero. Lo único que falto fue una turba con teas y galones de gasolina.
Trasladados a otras facilidades, los niños de la casa cuna se enfermaron. Siete de ellos fueron trasladados a un hospital regional y a centros asistenciales de la capital.
Un círculo vicioso de desinformación entre sectores interesados, periodistas, diplomáticos y grupos políticos está acabando con la noble institución de la adopción. Gracias a ese juego macabro, a miles de niños les ha sido negada una vida mejor más allá de los muros del orfanato, o de las redes de la burocracia lenta y rapaz. Literalmente, miles de niños se están quedando sin posibilidades de tener una familia porque hubo 4,918 adopciones el año pasado, y sólo 2,845 en este año.
Mucho de este escándalo innecesario es una fabricación que responde a intereses oscuros y ominosos; ya que hasta Rosa María de Frade, ex vocera de la presidencia y actual diputada electa confirmó, en el programa de radio Todo a pulmón, que no está demostrado que los supuestos robos de niños estén vinculados a procesos de adopción.
Hasta donde se sabe, en el Congreso acordaron modificar la fecha en que cobrará vigencia el Convenio de La Haya, que regula las adopciones internacionales, y pasaron la fecha al 30 de abril del 2008. En un seminario para consensuar las enmiendas al proyecto de ley de adopciones, diputados de diferentes bancadas acordaron que cambiarán la fecha con el propósito de esperar a que Estados Unidos lo aplique. A mí me parece buena idea; porque los EUA tienen la mala costumbre de no suscribir este tipo de acuerdos (como el de la OIT), y luego demandar que otros sí se adhieran, o que apliquen sus términos.
Por otro lado y lo que es peor, digamos que el problema con las adopciones tiene que ver con negocios indeseables. Si así fuera, ¿se va a resolver mediante la centralización de los procesos? ¿Se va a resolver involucrando a más burócratas? ¿Qué hará que los burócratas que tendrán el monopolio de las adopciones sean diferentes a los funcionarios que saquean todos los días las arcas nacionales en otros negocios en los que está involucrada la costra nostra de la administración pública chapina?
Cuando -por irresponsabilidad y servilismo legislativo- dar un hijo no deseado en adopción ya no sea una posibilidad, ¿qué efecto tendrá la monopolización de las adopciones en las decisiones de las mujeres para las cuales dar un hijo en adopción es la alternativa frente al aborto?
Publicada en el diario Prensa Libre el sábado 17 de noviembre de 2007
