Cuando se empezó a hablar de la nonata Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y de Seguridad, que luego se convirtió en la Comisión Internacional Contra la Impunidad den Guatemala, advertí contra dos peligros:
1. Que cómo los guatemaltecos teníamos la costumbre de no resolver nuestros problemas, sino que, en vez de eso lo que hacíamos era darles vuelta a los asuntos, la Comisión iba a quitarnos responsabilidades e iba a minar la institucionalidad. Puse como ejemplos aquello de que como los Ministerios no funcionaban, en vez de hacerlos funcionar, lo que hacíamos era multiplicar los Fondos de Inversión; y que como estos no funcionaban, lo que hacíamos era idear los Comisionados (era el tiempo de los Comisionados, de Oscar Berger).
2. Que la Comisión podía convertirse en una especie de policía política que -al estilo de la KGB, la Stasi, o la Gestapo- iba a servir para neutralizar a los críticos del establishment.
…y ojalá que las cosas no estén apuntando hacia esa dirección.
Por un lado, llama la atención que luego de la renuncia de Carlos Castresana, y luego de su sentencia en el sentido de que Guatemala no tiene remedio; ha cundido el pánico. En la calle ya se da por hecho que si se va Castresana, nos quedamos huérfanos. Se habla, otra vez, de un estado fallido y el mensaje que circula es que todo está perdido. ¡Hasta escuché que debería haber una intervención directa de la Organización de las Naciones Unidas en el país!
Los chapines hicimos lo mismo de siempre: en vez de fortalecer política y presupuestariamente al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la Policía Nacional Civil, nos buscamos un superhombre, y ahora que se nos va, nos quedamos sin el mico y sin la montera.
Acostumbrados al caudillo, al pastor y al líder, el asunto está tan personalizado que toda discusión se centra en la persona de Castresana; y se pasa por alto que la Comisión seguirá su trabajo. Y peor aún, hemos abierto la puerta para que sí los guatemaltecos no hacemos exactamente lo que quieren la Cicig y el establishment –digamos que si no elegimos a los funcionarios que ellos quieren y como ellos quieren- corremos el riesgo de que nos cuelguen un sambenito.
Por otro lado, también llama la atención que empieza a ocurrir que cuestionar y analizar las hipótesis de Castresana -y de la Cicig- puede ser interpretado como conspiración. Empieza a ocurrir que si un politólogo, un columnista, o cualquiera persona comparte su opinión sobre las hipótesis de la Cicig, o sobre el trabajo de Castresana, o sobre el trabajo de la Comisión, esa opinión y su responsable pude ser convertido en pieza de una conspiración. Así como el tema de la corrupción en algunos bancos desapareció del radar de la opinión pública, luego de la persecución contra el twittero @Jeanfer en mayo de 2009; así es como toda disidencia con respecto al trabajo de la Cicig y al de Castresana van a ir desapareciendo. Cuando la Comisión y el establishment hayan tratado de desprestigiar y de intimidar a dos, o tres politólogos, columnistas y analistas, ¿quién quedará con ganas de expresarse libremente acerca de las hipótesis y el trabajo de la Cicig y de Castresana o sobre el papel que juega, en todo esto, el establishment?
En Venezuela, Hugo Chávez y sus esbirros están utilizando instrumentos de la ley ordinaria para silenciar las expresiones críticas, o disidentes. Ojalá que eso no ocurra por aquí cuando politólogos, columnistas y analistas, entre otros, traten de expresar puntos de vista y de contribuir a entender los fenómenos sociales y políticos por los que está pasando el país. Ninguna república sana puede desarrollarse en un ambiente en el cual las personas teman expresarse, por miedo a ser señaladas como parte de conspiraciones ciertas, o inventadas.
La libertad de expresión es fundamental; no sólo para el desarrollo de la República, sino para la buena salud de todas las demás libertades.
