El presidente Alvaro Colom (El Gavilán) se molestó porque el diario Siglo Veintiuno publicó una investigación acerca de la ilegalidad de las funciones que le han sido asignadas a su esposa, Sandra, en la administración socialdemócrata. “Un abuso y una ilegalidad flagrante”. “Se está tomando facultades que no le otorga ni la Constitución ni las leyes del país”, y es “una situación absolutamente anómala porque ella no tiene ningún cargo”. Estos son algunos de los calificativos que utilizaron, en su orden, al referirse al tema, los constitucionalistas Gabriel Orellana y Anabella Morfín. Así como Luis Mijangos, quien además de ser abogado fue secretario general de la Presidencia.
Enojado y haciendo gala de una retórica digna de análisis, el Presidente dijo que aquellas «son expresiones machistas» y comentó que «yo no se si las críticas son porque apoyamos a los más pobres, porque Sandra es mujer o porque es una Primera Dama política».
La Primera Dama política, por medio del recién creado Consejo de Cohesión Social, controla unos $288 millones, y el 3 de abril recibió el control de otros $447 millones. La señora de Colom no es una funcionaria electa y no funge en un cargo público ya que el de esposa del Presidente, no lo es. Las funciones que le han sido asignadas por su marido violan el principio general de que en el derecho público los funcionarios sólo pueden hacer lo que les está permitido por la ley. Sólo se explican en el ámbito que el mismo Presidente ha anunciado: en el campo político.
Se hace evidente que la labor de La Gavilana se enmarca en un contexto partidista cuyo objetivo es administrar el dinero de los ministerios en los que el CSS tiene ingerencia; con el objetivo de asegurar voluntades para garantizar que la socialdemocracia permanezca en el poder.
De ahí que Gloria Torres, la primera cuñada de la nación, esté a cargo de las relaciones entre el Ejecutivo, el Partido y los alcaldes.
Dice el Presidente que nunca dijo que la Primera Dama política «iba a venir a trapear la Casa Presidencial»; y estoy seguro de que nadie suponía eso. Pero si El Gavilán le dió a su mujer una misión política, que involucra el destino de fondos públicos (aunque ella no los administre directamente), no tiene derecho a quejarse si aquellos manejos son investigados, sobre todo si existe alguna posibilidad de que dichos manejos sean inconstitucionales.
Hay que recordar que la Carta Magna dice que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley; y que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Esto incluye a El Gavilán, y a toda su famila política.
