Una malatazada es lo que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con los altos funcionarios a los que el seguro social no quiere darles cobertura. Hoy leo que Maynor Robles, jefe del departamento actuarial y estadístico del Instituto, dijo que hay que considerar el perfil que tienen estos funcionarios; es decir, la morbilidad que ellos van a presentar, porque muchos de ellos presentan enfermedades crónicas, como presión alta, cardiovascular, diabetes, que son enfermedades de alto costo y esto impacta financieramente en los programas.
Dicho en otras palabras, por cuestiones puramente financieras -y nada humanitarias- el IGSS se rehusa a darles cobertura a los altos funcionarios porque son muy costosos y riesgosos. Lo cual, encima de todo, no tiene sentido, porque el IGSS obliga a pagar a altos ejecutivos del sector privado, que están sometidos a las mismas presiones, pero sí tienen que cotizar.
Eso, claro, nos lleva a una contradicción conceptual del Seguro Social. Los altos ejecutivos del sector privado están obligados a pagar, no porque al IGSS les preocupe su salud (como ya quedó evidenciado por las implicaciones de las declaraciones de Robles), sino porque supuestamente tienen una obligación solidaria con los más pobres. Se supone que los ejecutivos bien pagados, aunque no tienen necesidad de caer con el seguro social, están obligados a cotizar para contribuir al canasto comunal y apoyar, con sus altos pagos, a mejorar las condiciones de los que tienen menos ingresos. Ya todo ese proceso redistributivo es falaz y perverso, como para que se le añada el nuevo elemento que queda al descubierto con los que nos cuenta Robles.
Sepa usted, que los altos funcionarios del gobierno están exentos de la obligación solidaria a la que sí están sometidos los ejecutivos del sector privado. Esto constituye un privilegio para los funcionarios, y una malatazada para los más pobres, que no se benefician con las contribuciones de los funcionarios privilegiados.
Al final, tantas inconsistencias propias del seguro social en el que todo es de todos y nada es de nadie, sólo perjudican a los trabajadores que no tienen otro palo en qué ahorcarse; y sólo minan el estado de derecho y la igualdad de todos ante la ley. Por eso, urge una reforma del seguro social en el que cada quién sea dueño de sus ahorros, en vez de que pase como ahora, que los que más se benefician son los funcionarios que los maladministran, se los roban, o los pierden.
