Hoy, el Partido Unión Democrática publicó un Campo Pagado* en el que dice que El proceso electoral dejó de ser la fiesta cívica en la que todos debemos ser invitados de honor.
El documento trata de convencernos de que, a los ciudadanos y a las organizaciones políticas que no llenan los requisitos constitucionales y legales mínimos -conocidos y pre establecidos, para participar en los comicios- se les niegan sus derechos a elegir y ser electos, cuando las autoridades rechazan sus solicitudes de inscripición, precisamente por no llenar aquellos requisitos.
Esta línea de razonamiento es absurda y si fuera llevada a sus últimas consecuencias, supondría que la ley debe estar por debajo de los caprichos de los pretendientes a candidatos, y que si algún pretendiente y alguna organización política no cumple con los requisitos pre establecidos, aquella pretensión debería ser suficiente para ignorar la ley.
Digamos que sí la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece ciertos requisitos para que una organización política pueda celebrar su Asamblea Nacional, y esa organización no cumple con los requisitos, la UD pretende que la ley sea ignorada y que la organización incumplida pueda proceder a capricho y celebrar su asamblea, como si nada.
Si los razonamientos de la UD fueran tomados en serio, el mínimo de 40 años que la Constitución establece para poder optar a la Presidencia de la República no sería un requisito en busca de madurez y ejecutorias de vida; sino una mera sugerencia que, si un ciudadano en busca de ser electo decidiera que no le conviene por tener él 35 años (por decir algo), debería ser ignorada.
Si los razonamientos de la UD fueran tomados en serio, la prohibición constitucional de que los parientes del Presidente pudieran ser candidatos a la Presidencia no sería una previsión para evitar el nepotismo, el continuismo y la dictadura; sino que sería una mera sugerencia de la que cualquier cónyuge, hijo, padre, sobrino o tío del Presidente podría hacer caso omiso.
Sí. Es cierto que la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos los deberes y derechos políticos de elegir y ser electos, optar a cargos públicos y participar enactividades políticas; pero…pero…cumpliendo con la ley. Y la ley dice que para hacer asambleas hay que llenar ciertos requisitos pre establecidos y conocidos; y dice que sólo los mayores de 40 años pueden ser Presidentes y que los parientes del Presidente no pueden optar a la Presidencia.
Todos ellos, por cierto, requsitos razonables. No estamos hablando de que no puedan ser candidatos presidenciales los menores de 75 años, o los mayores de 35. No estamos hablando de que no puedan ser candidatos a Presidente las mujeres, los hombres, o los indigenas, ni nada parecido. Es razonable que haya plazos que tengan que ser cumplidos, es razonable que los candidatos tengan que tener finiquitos, es razonable que los candidatos sean guatemaltecos de origen. Nada de eso contradice a la democracia ni viola derechos civicos.
El Tribunal Supremo Electoral debe velar por el fiel cumplimiento de la Constutición, leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; y siendo el rector, garante y facilitador de la participación de los guatematlecos, en el proceso electoral, debe hacerlo conforme a la ley y no conforme a los caprichos de politicastros que se quieren pasar de listos.
Hasta ahora, tanto el Registro de Ciudadanos, como el Tribunal Supremo Electoral han demostrado que pueden cumplir con su cometido y que pueden hacerlo bien. Con decencia y entereza. A pesar de güizachadas como la de la UD; e incluso de amenazas de violencia física.
Los invitados de honor a la fiesta electoral son todos aquellos ciudadanos que participan en ella de buena fe y respetando la Constitución y las leyes. Los colados, en cambio, son los que pretenden imponerse caprichosamente sin respeto alguno por el ordenamiento jurídico, ni por el estado de derecho.
Manuel Conde-Orellana, por cierto, es el Secretario General de la Unión Democrática y el firmante del documento en cuestión. Usted lo recuerda, claro, porque fue Secretario Privado de Jorge Serrano Elías, el protagonista de El Serranazo.
*El documento está publicado en la página 11 de El Periódico.
