¿Vas a creer? La policía municipal de tránsito, en La Antigua, prohibe que las personas que viven en esa ciudad y los visitantes puedan usar Uber.
El noticiero Starnews publicó el momento en el que un agente de aquel cuerpo policíaco que depende de la municipalidad antigüeña multaba a un socio de Uber por operar allá.
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Esa actitid proteccionista y clientelista de las autoridades ediles de la ciudad virreinal afectan a los habitantes del municipio y al turismo que visita La Antigua. Es uno de esos casos en los que las autoridades parecen servir a un grupo de interes en perjuicio de la comunidad a la que deberían servir.
¿Tienen, los que ejercen el poder municipal, la facultad de decidir así quiénes pueden, y quiénes no pueden ofrecer el servicio que ofrecen los socios de Uber? ¿Por qué -en vez de proteger privilegios y regular actividades pacíficas y voluntarias entre personas que ofrecen transporte personal y personas que lo necesitan- los que ejercen el poder no proceden a desregular? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué?
