El Congreso aprobó el Decreto 22-2026 que exonera a los combustibles del Impuesto a la Distribución de Petróleo y del Impuesto al Valor Agregado. La primera es atinada; pero la segunda, no. Hubiera sido mejor que los diputados aprobaran una exención de los impuestos de importación.

La pareja carga con naturalidad, mietntras atrás, los burócratas dramatizan la bolsa que se vacía. Es la ironía del alboroto por los Q3 mil 318.4 millones: el recorte no los convierte en víctimas. La ilustración es de Grok.
¡Por supuesto que no es función del gobierno garantizar precios bajos para los productos que consumimos los guatemaltecos! Pero toda eliminación de impuestos es bienvenida, porque todos los impuestos son robo y son un sobrecosto político que pesa sobre los combustibles, en el caso que nos ocupa. Sin embargo, a lo del IVA hay que ponerle contexto.
El sistema fiscal puede funcionar perfectamente sin el IDP (incluso si es eliminado para siempre, como debería ser) y sin los aranceles, porque no son parte de un sistema integrado; pero el IVA es otra historia. Por su naturaleza, el IVA tiene que ser universal para que el proceso de descontarlo funcione sin distorsiones. Como impuesto, el IVA también es robo; pero si ha de existir -y existe por desgarcia- lo ideal es que su existencia sea técnica y no arbitraria.
¿Por qué los impuestos son robo? Porque son dinero ajeno tomado sin consentimiento bajo amenaza del uso de la fuerza. ¿Qué fuerza? Si no pagas impuestos, el gobierno puede llevarte preso. ¿No te parece suficiente amenaza del uso de la fuerza? Como cuando en un semáforo te dicen: Dame la billetera y el teléfono, o te disparamos; el gobierno te dice: dame X% de lo que ganas, o te enchachamos y te encerramos.
La exención del IDP aplica para gasolina superior, regular, diésel y gas oil desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2026. El IVA queda suspendido temporalmente para la importación y venta de esos combustibles y del alcohol carburante durante el mismo período.
El decreto establece que la reducción tributaria debe trasladarse de forma íntegra al consumidor y no quedar absorbida por otros eslabones de la cadena de comercialización. Para ello, incorpora mecanismos de control sobre los precios y las ventas.
La reducción estimada es de Q9.41 por galón para la gasolina superior, Q9.10 para la regular y Q6.34 para el diésel.
Se hace mucho alboroto mediático y entre grupos interesados por el hecho de que políticos y burócratas dejarán de percibir Q3 mil 318.4 millones. Como si políticos y burócratas (y sus clientelas) fueran víctimas. Sin embargo, el hecho es que si los ingresos fiscales disminuyen, también deberían disminuir los gastos (que se hacen con el dinero tomado de los tributarios). Para aprovechar doblemente la situación actual -en beneficio de los tributarios- la Administración debería: eliminar todas las plazas para fantasmas; erradicar toda asignación destinada a satisfacer exigencias de grupos específicos de interés; eliminar todo privilegio y canonjía para políticos y burócratas (como combustibles, comida, seguridad y otros); identificar y eliminar todo desperdicio y mala administración; y acabar con la corrupción.
¡No hay tal cosa como sacrificio fiscal cuando se tiene claro que los derechos de los tributarios deben prevalecer sobre los intereses de los que viven del presupuesto del Estado! Si el fisco deja de cobrar, el aparato que vive de ese cobro puede encogerse. Lo contrario no es sensibilidad social: es defender la planilla con el lenguaje de la emergencia.

