El diputado oficialista Gudy Rivera, presentó una iniciativa de ley que busca aplicarles la pena máxima de 50 años de prisión a los adultos que faciliten los medios para que un menor de edad cometa algún delito; y mantuvo la propuesta de que los menores de 17 años y mayores de 14, que violen la ley, sean juzgados como adultos; y mi opinión es que esta última parte es oportunista y demagógica, además de inconstitucional.
El diputados se ha subido a la ola de clamor e indignación por los niños sicarios pero, ¿se le olvidó que la Constitución dice que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables? Claro que el Código Civil dice que son mayores de edad los que han cumplido 18 años y que los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley; pero como la Constitución es una ley superior al Código Civil -y a cualquiera otra ley- para morificar la imputabilidad se haría necesaria una reforma de la Carta Magna. El hecho es que los actos determinados por la ley a los que se refiere la Constitución son el matrimonio y la capacidad para trabajar; y la diferencia que hay entre estos y la imputabilidad es que para aquellos no existe una prohibición expresa (en la ley fundamental), y para esta sí.
Aquella reforma, montada sobre el clamor contra los niños que cometen actos criminales es el caballo de troya que le vendría como anillo al dedo, al oficialismo, para colar las reformas constitucionales que pretendió imponer hace unos meses y que fueron extensamente rechazadas por los votantes y los tributarios. El oportunismo y la demagógia son una distracción política peligrosa y perversa. No sólo porque engañan y sirven a los intereses específicos de ciertos grupos de poder, sino porque hacen a un lado el problema principal: El de los niños criminales.
El 27 de enero pasado sugerí que hay que explorar soluciones distintas para resolver el problema general de la delincuencia incontrolada e impune. Pero…¿qué pasa con la delincuencia juvenil específica?
En otros países, son los jueces -en cada caso específico- los que determinan si un niño que ha cometido un crimen debe ser juzgado como menor, o como adulto; como trangresor, o como delincuente. Se trata cada caso de acuerdo con la gravedad de los actos y con la peligrosidad de quien los ha cometido. Jueces con experiencia evalúan cada caso en particular. Mi opinión es que esta es la mejor forma de enfrentar el fenómeno. Sin violar la Constitución, sin servir a intereses políticos particulares, sin alcahuetear criminales y sin seguir cultivando la impunidad
LuisFi,
fijate que me agrada tu alternativa. Solo que al tener el juez la potestad de decidir, temo que a lo mejor se perdonan a todos los transgresores porque
a) Los amenazan de muerte a ellos o a su familia si los tratan como adultos;
b) Hay dinero de por medio;
c) Hay presión del grupo de Derechos Humanos para que no los juzguen como adultos.
d) Otros abogados impugnarían porque la Constitución está por encima de otras leyes.
Este es un mundo imperfecto. No le encuentro mejor salida que la que propones. Seguí pensando, a lo mejor hay otra manera en la cual se pueda hacer sin lo que te escribi.
Saludos,