Los pilotos de autobuses extraurbanos, que se oponen al pago arbitrario que les imponen grupos organizados en San Marcos, y Huehuetenango, son amenazados de muerte. Los grupos paralelos que chantajean a los transportistas les exigen Q100 por cada viaje que efectúan los vehículos hacia la mina Marlin y se estima que aquellos pagos les cuestan unos Q150 mil al mes.
Uno de los alcaldes del lugar dice que los cobros son ilegales; y otro afirma que su administración es ajena a aquellos cobros.
