Allá por finales de la década de los 80, hubo una iniciativa de oficial en el sentido de prohibir el uso de vehículos polarizados, con el argumento de que estos eran usados con propósitos delictivos. La disparatada prohibición se salió de la línea azul cuando pretendió excluir de ella a los vehículos usados por funcionarios. Por un lado, la excepción suponía que los funcionarios no se involucran en actividades delictivas; y por otro, les concedía a ellos el privilegio de protegerse, en sus vehículos contra la delincuencia y contra el sol.
De eso me acordé cuando leí que de los pretendidos efectos de la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios quieren excluirse a sí mismos.
Esa ley, que es parte de la Guerra contra las drogas, es una güizachada que legaliza el comiso y la expropiación sin el debido proceso legal, mediante el truco de apuntar contra las cosas, en vez de hacerlo contra los propietarios.
¡Con razón se espantaron los funcionarios!, y con razón quieren el privilegio de estar protegidos contra semejante legislación. Y claro, los funcionarios pueden protegerse a sí mismos; pero, ¿quién protege a los tributarios y a los electores? Esa ley no debe ser aprobada…¡y menos, con privilegios!
