Así como los políticos y sus burócratas creen que la única forma de hacer una reforma fiscal es la de elevar impuestos y se hacen los locos cuando se trata de racionalizar el gasto, eliminar el desperdicio y la mala administración, combatir con seriedad la corrupción y priorizar las inversiones; así se dirigen toda su atención hacia incrementar las penas contra el comercio libre, y contra los tributarios que tratan de defenderse contra la expoliación.
Por eso es que aquellos dos grupos están impulsando una Ley Antievasión II, de urgencia nacional, y por ningún lado se ve que se ocupen de elevar penas contra aquellos que, entre sus filas, cometen delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, denegación de auxilio, resoluciones violatorias a la Constitución, detención irregular, abuso contra particulares, usurpación de atribuciónes, cohecho, peculado y malversación, entre otros.
